Desalojo “inmediato” de personas detenidas en comisarías. Restricción del uso de la prisión preventiva, con medidas “alternativas o morigeradoras”. “Externación seleccionada” de detenidos. Y, por último, el traslado de personas privadas de su libertad a dependencias penitenciarias de otras provincias.

Esas son las principales propuestas para atender la grave situación de superpoblación en cárceles y otros lugares de detención de la Provincia contenidas en un informe realizado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

El “Documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires”, al que tuvo acceso EL DÍA, es un informe que contiene un diagnóstico de cárceles, comisarías y alcaidías por parte de los siete jueces que integran el Tribunal de Casación, la máxima instancia del fuero penal de la Provincia.

Y abre con una crítica descripción del panorama en este último año. “Las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento. La fuente de esta realidad se vincula seriamente con un fuerte incremento del encarcelamiento”, afirma el Tribunal de Casación.

Los jueces ponen cifras, al señalar que en mayo de 2019 más de 48.000 personas se encontraban privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y cárceles provinciales y que al presente el número ascendió a 48.8272. “La secuela de este escenario es la prolongación del tiempo de detención en dependencias policiales.

Los niveles de sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia”, afirma el documento.

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La situación en los lugares de detención de la Provincia viene siendo objeto de informes críticos como el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria bonaerense y, semanas atrás, de la Comisión Nación contra la Tortura, que presentó un documento en el Senado.

En este caso, el informe fue elaborado en el seno del Poder Judicial y contiene la mirada de los propios jueces del más importante tribunal penal de la Provincia.

Para los integrantes de Casación, el crecimiento del índice de la población carcelaria de la Provincia comenzó a darse desde principios de los dos mil, con reformar legislativas que elevaron las escalas penales para determinadas figuras (como la portación y el robo con armas). Pero también por la sanción de la ley de narcomenudeo, en 2005, “suscitó el encarcelamiento masivo de consumidores y pequeños comerciantes, incrementando exponencialmente la población carcelaria fundamentalmente femenina.

El documento cierra con una serie de propuestas formuladas por los jueces de Casación para atender la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en la Provincia.

Entre las medidas que más repercusión tuvieron fue la que apunta a la posibilidad de trasladar a otras provincias a presos del sector de la población carcelaria que no recibe visitas. “Previa celebración de los acuerdos correspondientes”, se explica.

También se propone la “externación seleccionada de deten idos”. “En principio, para procesados, luego si fuera menester, con determinados ajustes y algunas especificaciones para condenados o detenidos en comisarías”, destacan los jueces de Casación.

Finalmente, se recomienda restringir las prisiones preventivas y reemplazarlas por “medidas alternativas”.