Un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata reavivó en las últimas horas un conflicto instalado en el corazón del Poder Judicial bonaerense y que involucra, entre otros, a la Suprema Corte de Justicia, a la Defensoría de Casación, al Servicio Penitenciario y a la Procuración General de la Corte.
La resolución, que interviene en una larga controversia derivada de una visita a un penal donde una detenida trans denuncia violaciones a los Derechos Humanos, significó en los hechos un revés para el actual secretario de Política Criminal de la Procuración y segundo del Procurador Julio Conte Grand, Francisco Pont Vergés, quien es postulado por la gobernadora María Eugenia Vidal para ocupar el estratégico Tribunal de Casación Penal.
La controversia, con idas y vueltas en distintos ámbitos de la Justicia, comenzó cuando el Defensor de Casación bonaerense Mario Coriolano realizó una visita a una detenida trans con HIV que denunciaba violaciones a los Derechos Humanos en un penal bonaerense. Coriolano ingresó a la cárcel con una periodista, quien registró la charla con la interna en su celular.
Por ese hecho, Coriolano fue denunciado por el titular del Servicio Penitenciario, Xabier Areses, quien acudió a la secretaría de Política Criminal de la Corte, atribuyéndole al Defensor haber entrevistado a la detenida “sin autorización”. El titular de esa Secretaría, Pont Vergés, inició un expediente disciplinario contra Coriolano e instruyó a la Fiscalía General de La Plata a que formule denuncia penal que quedó radicada en la UFI 15.
El fiscal Eduardo Martini desestimó la denuncia por considerar que la actitud del Defensor de Casación no constituía delito alguno. Pero el Fiscal General de La Plata, revocó esa resolución, es decir, ordenó seguir con la investigación contra Coriolano, una medida que fue luego respaldada por el Juez de Garantías 6, Guillermo Atencio. Fue en ese punto que intervino la Suprema Corte, mediante su presidente, Eduardo De Lázzari, quien ordenó una serie de medidas para que el SPB y la Procuración, se “abstengan de obstaculizar la tarea” de los organismos de Derechos Humanos en lugares de encierro.
En el fallo de ahora, la Cámara dispuso la nulidad la resolución de Atencio. Y destacó que “el proceso penal llevado adelante contra el Defensor Oficial, comprometido con la defensa de los derechos humanos, por querer documentar un estado de cosas -por cierto sumamente graves- en el oscurantismo de una cárcel, asoma francamente como desmedido”.
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