La pareja de varones que logró que, por primera vez, la Defensoría del Pueblo (DPN) se pronuncie a favor de que una obra social cubra el costo de la técnica de reproducción humana asistida denominada "útero subrogado", pide una ley que "clarifique" el tema.

La decisión de la Defensoría -que Télam publicó el 13 de septiembre último- llegó luego de la presentación que hicieron en el organismo Germán Benitez y Marcelo Sittner, quienes consideran que esa técnica es "un derecho" y "un acto de amor".

El tema está hoy más que nunca en la agenda pública a partir de la serie "Pequeña Victoria" que se emite por Telefé, donde dos mujeres hacen un acuerdo para concretar una gestación solidaria.

Marcelo y Germán ven la serie y charlaron con Télam, primer medio con el que deciden hablar. Son pareja hace 20 años, son ceramistas y desde 2017 están investigando sobre esta opción que les permitiría ser padres.

"En 2010, con la ley de matrimonio igualitario, nos acercamos un poco más a la igualdad y al acceso a derechos. Pero ahora que la obra social Osecac (Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles) nos niega la práctica, está demostrado que aún no tenemos igualdad real", reflexionó Sittner.

A pesar de la recomendación favorable de la Defensoría, y posteriores instancias de mediación con la obra social, la respuesta sigue siendo negativa.

"El próximo paso es presentar un amparo judicial para que se concrete la cobertura", adelantó a esta agencia la abogada Flavia Massenzio, de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El organismo viene acompañando a la pareja, cuya situación "es similar a la muchas otras personas de todo el país, con la cuales estamos en contacto a través de grupos en redes sociales y con quien hicimos una guía de comunicación sobre gestación solidaria", contó la profesional.

En esa guía se informa que "existen aproximadamente más de tres mil personas miembros de grupos de redes sociales destinados a facilitar la gestación solidaria".

Germán y Marcelo se turnan durante la charla con esta agencia para hacer un relato prolijo del proceso, durante el cual acopiaron mucha información.

"La ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, la Organización Mundial de la Salud, nuestra Constitución, nos dan la razón. Lo que falta es la regulación. Pero es una práctica que no está prohibida", resaltaron.

Y coincidió el abogado especialista en salud Maximiliano Nitto, que trabaja en la DPN.

"En el mundo hay tres posiciones sobre la práctica: la regulación parcial o amplia; la prohibición y la abstención, es decir, no se prohíbe ni se permite. En esa situación estamos en Argentina", explicó.

En la reforma del Código Civil de 2015 "se perdió la posibilidad y oportunidad de reconocer al 'útero subrogado' o 'la gestación por sustitución' como una de las tantas técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad admisibles por nuestro ordenamiento jurídico; omisión que, en modo alguno, enerva su posibilidad y viabilidad jurídica", destacó la resolución de DPN.

"La gestación debe ser altruista. Por eso no es correcto hablar de 'alquiler de vientres', porque el cuerpo no se compra ni vende", resaltó Nitto.

La mujer que está dispuesta a gestar a la hija o hijo de Germán y Marcelo "se ofreció a hacerlo, lo hablamos mucho con ella y su marido. Es un acto solidario y de amor", valoró la pareja.

Ellos comprobaron "que también es una discriminación económica, porque si pudiéramos pagar los 150 a 200 mil dólares que cobran en el exterior, accederíamos al derecho. Incluso en Argentina, donde si tenés dinero, vas a una clínica especializada en fertilidad y concretan la práctica, que como es una gestación solidaria, te la cobran casi el doble de lo que sale cualquier otra técnica de reproducción humana", detalló Benitez.

"Otra discriminación es el lugar de nacimiento. Ya que si nace en Ciudad de Buenos Aires (CABA) no tendremos problemas en anotar a nuestra hija o hijo. Si nace en otro lugar del país, eso no es posible", añadieron.

Esto es así porque en 2017, por una acción colectiva presentada por el Defensor del Pueblo porteño y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la justicia ordenó -como medida cautelar- que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inscriba a niñas y niños nacidos por gestación solidaria "conforme la voluntad procreacional de requierentes, sin emplazar a la persona gestante que expresó que no tiene voluntad procreacional como progenitor/a""

A raíz de esta acción colectiva, el Registro Civil de CABA, a través de la disposición 93/17, autorizó la Inscripción de los nacimientos de las personas nacidas por gestación solidaria.

Para Nitto "el caso de Marcelo y Germán es un caso testigo. El primero que tuvimos en la Defensoría, que como salió favorable, nos permitiría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

En tanto, Massenzio consideró que "es necesaria una ley que clarifique esta situación. En eso estamos trabajando en la Defensoría LGBT" y señaló que, a partir de la ficción de Telefé "se acrecentaron las consultas, no sólo de parejas gays, también heterosexuales o personas sin pareja que quieren acceder a la técnica".