A través de una resolución, el Congreso puso límites a las prisiones preventivas y ordenó que su vigencia tenga alcance a todo el país.
La medida se terminó de delinear durante la reunión que ayer mantuvo la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo Código Procesal Penal y establece que la querella o el fiscal pueden solicitarle al juez interviniente que dicte la prisión preventiva sólo cuando otras nueve medidas restrictivas "no fueron suficientes para asegurar" el proceso.
Esas restricciones van desde la promesa del acusado de que no se fugará hasta la prohibición de acudir a determinados lugares o el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia.
Esto implica un claro límite a la discrecionalidad de los jueces, aunque de todos modos mantendrán amplias atribuciones para juzgar si resulta necesario mantener o no detenido a un acusado.
El tema había generado cuestionamientos por parte del presidente electo Alberto Fernández, quien se lo hizo saber a Mauricio Macri durante la reunión que ambos mantuvieron posterior a las elecciones generales del 27 de octubre. Pero en el oficialismo también miraban con recelo ese accionar. Incluso, hubo críticas por parte del ministro de Justicia Germán Garavano que terminarían en un cortocircuito con Elisa Carrió.
Estas pautas que entrarán en vigencia están contempladas por el nuevo Código Procesal Penal, sancionado por el Congreso, que ya se comenzó a aplicar en las provincias de Salta y Jujuy, en el marco de un plan de implementación gradual en el resto del territorio, siendo Mendoza y Rosario los dos distritos donde se lo comenzará a implementar.
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