El Gobierno interino de Áñez y un sector del partido de Morales abren diálogo para pacificar Bolivia

El Gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, inició acercamientos con el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) con miras a pacificar el país, sumido en una crisis desde las elecciones del 20 de octubre. 

El ministro de la Presidencia designado por Áñez, Jerjes Justiniano, declaró este jueves a los medios en La Paz que mantuvo una reunión con asambleístas del MAS en pos de "lograr pacificar el país" y que estos plantearon algunas condiciones. 
"Les hemos dicho que, como Gobierno, no tenemos ningún problema, que nuestro máximo interés en este momento es generar paz", indicó. 

Según Justiniano, una de las preocupaciones del MAS es una "probable persecución política" en contra de algunos funcionarios de la gestión de Morales. 

El ministro aseguró que "no va a haber persecución política, no va a haber caza de brujas en primer lugar porque este Gobierno es de transición" y su prioridad es convocar a nuevas elecciones. 

Los legisladores del MAS pidieron "una ley en ese sentido" que el Gobierno de Áñez está dispuesto a concertar, aunque primero quiere lograr la pacificación del país, dijo Justiniano. 

"Hemos dejado en la mesa de negociación una propuesta clara, suspender, dar un cuarto intermedio en todas las movilizaciones y paros que hay en el país para que accedamos formalmente a todas estas concesiones para que se evidencie la voluntad que tiene el Gobierno de poder llegar a un proceso de paz", añadió. 

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Según Justiniano, si el país llega a la pacificación, estos dirigentes y exfuncionarios "tienen todas las condiciones para quedarse en el territorio" nacional. 

La coincidencia entre ambos lados estuvo en garantizar un nuevo proceso electoral, algo que para el ministro "es un buen inicio". 

Bolivia está sumida en una crisis tras los recientes comicios generales, ante las denuncias de fraude para garantizar la reelección de Morales para un cuarto mandato hasta 2025. 

Una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral detectó "serias irregularidades" y recomendó realizar nuevos comicios. 

Al agudizarse la situación, Morales anunció su renuncia a la Presidencia y viajó el lunes en condición de asilado a México, tras hacer llegar su carta de dimisión al Legislativo. 

Las protestas, que inicialmente fueron en contra de Morales y ahora las protagonizan sus sectores afines, han dejado doce muertos, 508 heridos y 460 detenidos en distintos incidentes en veinticinco días de manifestaciones, según datos de la Defensoría del Pueblo.