Muertes y presiones empujan a Bolivia a llamar a elecciones

LA PAZ

El Congreso boliviano comenzó a analizar dos proyectos que apuntan a llamar en el corto plazo a nuevas elecciones presidenciales, en medio de una crisis institucional que dejó al menos 30 muertos, forzó la renuncia y el exilio del presidente Evo Morales y hundió al país bajo una montaña de denuncias de golpe de Estado, fraude y violaciones a los derechos humanos.

Uno de los proyectos fue enviado al trámite parlamentario por el gobierno interino de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y el otro fue impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que tiene holgada mayoría en las cámaras.

En la dramática coyuntura política de Bolivia parece germinar un acuerdo para anular las elecciones del 20 de octubre, en las que se declaró ganador a Morales en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, y convocar a nuevos comicios en el menor plazo posible.

Pero hay muchos puntos sobre los que se esperan ásperas negociaciones, como el vinculado con la composición de los organismos electorales que deberán controlar la limpieza de los comicios, fijar el calendario electoral, incluida la fecha de la votación, y validar las candidaturas.

Áñez había amenazado con convocar a elecciones por la vía del decreto si no se conseguía acuerdo en el Parlamento, ante lo cual el MAS accedió a presentar un proyecto del que no se difundieron muchos detalles, más allá de que apunta a agilizar el proceso electoral, sin fijar fecha a la apertura de las urnas.

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PRESIÓN DE LA OEA

Tras un reclamo de la mayoría de los países agrupados en la OEA para que se llame de manera “urgente” a elecciones en Bolivia, Áñez se decidió por la vía parlamentaria e impulsó la anulación de las elecciones del 20 de octubre, una nueva convocatoria a las urnas y la designación de los nuevos integrantes de los organismos electorales.

“Será la Asamblea la que elija nuevos vocales. Esperemos que Dios ilumine a nuestros parlamentarios y puedan seleccionar a los profesionales más capaces, con mejor formación para que podamos tener un proceso electoral transparente y creíble”, dijo Áñez.

A su vez, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, indicó que el plazo para la aprobación de la norma dependerá de los parlamentarios, aunque una vez promulgada la ley la Asamblea tendrá 15 días para elegir a los nuevos titulares de los tribunales electorales.

ENFRENTAMIENTOS Y MUERTES

Este debate político se desarrollaba al mismo tiempo que la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmaba que fueron ocho los muertos en un enfrentamiento en El Alto, donde policías y militares rompieron un bloqueo de manifestantes contra una planta de hidrocarburos que amenazaba el normal abastecimiento en La Paz. Con este luctuoso suceso, la cantidad de víctimas mortales desde el inicio del conflicto superó la treintena.

El IDIF identificó a las víctimas fatales, todos hombres de entre 23 y 38 años que formaban parte de una protesta a favor del ex presidente Morales y que exigía la renuncia de la autoproclamada jefa de Estado, Jeanine Áñez.

En la ofensiva para despejar el camino y forzar la salida de los camiones cisterna, se utilizaron granadas de gas lacrimógeno y, según múltiples denuncias de los manifestantes, disparos de armas de fuego.

La versión online de La Razón informó que la Fiscalía de La Paz imputó por supuestos delitos de terrorismo a siete personas, a las que les achaca participación en los destrozos ocasionados en el muro de la planta de Senkata.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, informó que “en primera instancia el hecho fue tipificado como destrucción de bienes del Estado y la riqueza natural contra los autores”.

“Sin embargo -siguió-, ante la magnitud del daño, el Ministerio Público amplió la investigación por el delito de terrorismo”.

El gobierno de Áñez también hizo uso de un video, cuya autenticidad no está confirmada, para anunciar que presentará una denuncia internacional contra Evo por “crímenes de lesa humanidad”. Lo acusa de organizar desde su asilo en México bloqueos para impedir que lleguen alimentos a varias ciudades. 

MORALES HABLÓ DE “GENOCIDIO”

“Están matando a mis hermanos y hermanas”, denunció Morales, quien pidió la intervención de la ONU y del papa Francisco para que detengan “el genocidio” que se perpetra en su país contra los indígenas.

El ex presidente, que renunció el 10 de noviembre bajo presión militar y en medio de denuncias de fraude, acusó al “gobierno de facto” de Áñez de contar con “una carta blanca para matar a bolivianos” como “sólo se hacía en la dictadura militar”.

También dijo que como el Congreso boliviano no cumplió con el requisito de evaluar si acepta o no su renuncia, se considera aún como jefe de Estado y “presidente electo en primera vuelta”.

Antes, en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, propuso volver a La Paz para terminar su mandato, que culminaría el 22 de enero de 2020, “a cambio de no presentarme como candidato presidencial en las nuevas elecciones del país”.

SALVOCONDUCTO PARA SU HIJA

En este contexto, el gobierno de Áñez autorizó un salvoconducto para Evaliz Morales Alvarado, la hija de Evo Morales, quien se encuentra asilada en la embajada de México en La Paz.

“Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales para que reciba asilo en México bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca pacificar nuestra nación”, argumentó Áñez. (Télam)