Familiares, amigos y vecinos de los cuatro chicos que murieron durante una persecución policial a los tiros en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte marcharon ayer al cumplirse seis meses de la masacre. La movilización partió a las 17.30 de la plaza central de esa ciudad.
A seis meses de las muertes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) los presentes volvieron a marchar para pedir Justicia, bajo la consigna “¡Basta de gatillo fácil! ¡El Estado es responsable!”, aunque esta vez pidieron a través de las redes sociales que los asistentes llevaran artículos de librería y papel higiénico para donar al Centro Educativo Complementario.
En las últimas horas trascendió que diez de los 12 policías involucrados en el expediente ampliaron sus declaraciones y condujeron a nuevas pistas, por lo que no se descarta que haya nuevos imputados próximamente.
El hecho ocurrió el 20 de mayo último, cuando los cuatro jóvenes que murieron y la única sobreviviente, Rocío, se trasladaban a bordo de un Fiat Spazio y chocaron contra el acoplado de un camión estacionado en la ruta 3, mientras eran perseguidos a los tiros por la policía local. Las autopsias revelaron que uno de los jóvenes tenía una herida de bala en un glúteo.
Lo ocurrido derivó en el descabezamiento de la cúpula policial local y en una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, apoyados por distintas organizaciones sociales y políticas, que denunciaron que se trató de un caso de “gatillo fácil”.
Por el hecho se encuentran detenidos acusados de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa” los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez. Se dio por acreditado que esos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los cinco jóvenes. También quedaron detenidos los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro (excarcelada en julio), Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por “falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
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