BRASILIA

EFE / AFP

La Corte Suprema de Brasil decidió, en un fallo controvertido y con una mayoría muy ajustada, que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que puede llevar a liberar a miles de presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sus defensores adelantaron que presentarán hoy un pedido para su liberación inmediata aunque el líder del Partido de los Trabajadores (PT) había dicho que dejaría la cárcel sólo cuando quedara demostrada su inocencia aunque habría cambiado de idea.

La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.

Sin embargo, según se decidió anoche, una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.

EN LA MISMA SITUACIÓN

En una situación similar, con apelaciones aún a la espera de una resolución, se calcula que están cerca de 5.000 presos por los más diversos delitos, entre los cuales figuran una veintena de políticos y empresarios condenados por la operación anticorrupción Lava Jato, que llevó a Lula a la cárcel.

Según la decisión, que no valdrá para delitos violentos juzgados en tribunales populares, cada uno de esos casos deberá ser analizado individualmente y una vez que los abogados de cada recluso pidan una revisión.

“Después de la conversación con Lula este viernes llevaremos al juicio de la ejecución un pedido para que se lleve a cabo su inmediata libertad en base al resultado del juicio del STF (la Corte brasileña)”, señala un comunicado firmado por los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska T. Martins.

Los letrados informaron que reiterarán ante la máxima corte del país el pedido de hábeas corpus con el fin de anular el proceso contra Lula, condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

“La decisión es muy importante para fortalecer la democracia y la Constitución, en el momento en que son amenazadas por el Gobierno de extrema derecha en Brasil”, señaló la presidente del partido de Lula, Gleisi Hoffmann.

Los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) partidarios de la modificación defendieron la necesidad de respetar a ultranza la presunción de inocencia, en tanto que los partidarios del statu quo temían una mayor impunidad de la criminalidad de “cuello blanco”.

Los fiscales de la Operación Lava Jato, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de primer plano implicados en una trama de sobornos en Petrobras, consideraron que una revisión de la jurisprudencia significa un “retroceso” en la lucha contra la impunidad.