El equipo de gobierno de Axel Kicillof trabaja contra reloj y en sintonía con funcionarios nacionales, con la premisa de definir lo antes posible el proyecto de ley de emergencia para la Provincia que incluirá a diversas áreas de la administración. Y en ese contexto, ayer trascendió que uno de los aspectos de la iniciativa será la inclusión de potestades para renegociar pasivos con proveedores.
En su discurso de asunción, el Gobernador sostuvo que la deuda con ese sector ronda los 5 mil millones de pesos.
Ante la difícil situación financiera provincial, Kicillof prepara una renegociación con los proveedores de distintas áreas. En la administración provincial, en principio, descartaron la posibilidad de emitir un bono con ese fin. “Imaginamos una negociación entre partes”, dijeron.
El proyecto de emergencia está en plena etapa de diseño en incluye diversas áreas. Si bien se promoverá una emergencia general de la Provincia, se mencionará puntualmente el área económica, penitenciaria y productiva. También, la laboral, sanitaria e infraestructura escolar, entre otras.
“La idea es presentar proyectos alineados”, señalaron ayer en la Gobernación, donde varios funcionarios de Kicillof trabajan en sintonía con sus pares nacionales. “Pretendemos terminar el proyecto en forma rápida para enviarlo a la Legislatura y que se apruebe lo antes posible”, añadieron.
De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, se impulsarán, entre otras medidas, programas de promoción industrial y se reimpulsará el Compre Provincial en busca de potenciar la actividad y el desarrollo de las Pymes.
Uno de los capítulos centrales será la declaración de la emergencia penitenciaria. El sistema penal bonaerense tienen alojados a 49.567 internos pero cuenta con plazas para unos 24 mil.
El nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, ya convocó a una mesa de diálogo a todos los poderes del Estado, organismos de derechos humanos y a la Iglesia para analizar esa crítica situación.
También la Suprema Corte dictó una acordada en la que reclama soluciones al Ejecutivo y hasta sugirió el traslado de detenidos a penales federales y de otras provincias, además de sugerir a los jueces la adopción de medidas para morigerar las detenciones e incluso excarcelaciones extraordinarias con sistema de monitoreo electrónico.
En ese marco, la justicia contencioso administrativa de La Plata ordenó al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que arbitre las medidas necesarias para proveer adecuada alimentación a los presos alojados en cárceles del territorio provincial, en algunas de las cuales se mantiene una huelga de hambre como protesta.
Así lo informó esta tarde la Asociación Miguel Bru, una de las organizaciones que plantearon ante la justicia una medida cautelar para que se garantice la alimentación de los detenidos alojados en las 57 unidades penitenciarias y 8 alcaidías de la provincia de Buenos Aires.
El titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Francisco José Terrier, ordenó al Ministerio de Justicia de la Provincia que tome las medidas necesarias para resolver esta situación.
El juez dispuso que el ministerio “realice un relevamiento exhaustivo del estado de cumplimiento de las obligaciones alimentarias en todos los establecimientos de detención de la provincia de Buenos Aires”.
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