Piden que la Suprema Corte revea una medida sobre la Procuración

Un pedido para que la Suprema Corte bonaerense revea una decisión adoptada el 27 de noviembre pasado -en la que declaró la nulidad de varios incisos de una resolución de la Procuración General - por entender que ninguna de las disposiciones de la Constitución somete al Ministerio Pùblico a la dependencia de ese Tribunal, fue presentada por el ex Procurador provincial, Francisco Eduardo Pena.

El ex jefe del Ministerio Público cuestionó el acuerdo firmado por el presidente de la Corte, Eduardo de Lázzari, y los restantes miembros de la Corte, al sostener que las leyes en la materia (la 14.442 y su precedente 12.061 de creación del Ministerio Público) “son claras y específicas en estipular la independencia y autonomía que goza” ese organismo del Poder Judicial y que ello “induce a reexaminar lo resuelto por unanimidad de los señores Ministros, para no incurrir en el incumplimiento de los deberes a su cargo y afectar los intereses de la sociedad, lo cual es de suma gravedad”.

Cabe señalar que, tal como se publicó en este diario a fines del mes pasado, la Corte había entendido que una resolución del actual procurador, Julio Conte Grand, otorgaba un “exceso de competencia” a los fiscales y por ello había dejado sin efecto varios incisos que se referían a una ampliación del espectro en las que podían tomar intervención. La resolución de Conte Grand les daba competencia para intervenir en asuntos ambientales, de defensa al consumidor, de procesos de donación de órganos y de sucesiones, entre otras cuestiones vinculadas al fuero civil.

“EXCESO DE ATRIBUCIONES”

Ahora, el ex Procurador Pena, designado en el cargo durante la administración radical de Alejandro Armendáriz y cuya gestión abarcó las administraciones de Antonio Cafiero y parte de la de Eduardo Duhalde hasta renunciar el cargo, consideró que la Corte provincial excedió sus atribuciones al anular una disposición del actual Procurador y pidió, por consiguiente, que reexamine lo actuado.

Pena recalcó que las instituciones “son de la ciudadanía” y que los funcionarios sólo son una “eventualidad circunstancial”, de modo que se le debe un absoluto respeto a los organismos propios de la democracia