En medio de un escándalo, el Gobierno pide ahora eliminar jubilaciones de privilegio

Mariano Spezzapria.

@mnspezzapria

El presidente Alberto Fernández se vio obligado ayer a anunciar la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, en medio de un escándalo político provocado por la inclusión de las jubilaciones entre los sectores excluidos de la suspensión de la movilidad previsional por 180 días, lo que empañó la victoria que obtuvo el oficialismo al conseguir tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la sanción de la denominada ley de emergencia.

Tras la convocatoria presidencial, los legisladores deberán trabajar sobre el artículo 56 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluyó al régimen especial establecido en otra normativa datada en 1991, la 24.018, como parte de los “rescatados” del congelamiento de la movilidad previsional, junto a los docentes nacionales y a los investigadores científicos. Alberto F. pidió especialmente poner en estudio los casos de los jueces y del cuerpo diplomático.

Aunque nada dijo sobre las jubilaciones de ex presidentes, vices y legisladores con mandato cumplido. Según datos oficiales, en total hay 4.938 jubilaciones de privilegio a nivel nacional y tienen un valor promedio de 210.000 mensuales. En términos presupuestarios no inciden demasiado pero cargan un efecto simbólico: ¿Por qué esos jubilados no serán alcanzados por la suspensión de la movilidad y sí lo serán quienes ganan un poco más de la mínima de $9.000?

Esa pregunta incomodó ayer a los diputados y senadores del Frente de Todos que tras la sesión de la Cámara baja buscaron enmendar el “error” normativo. Y le dio un respiro a los legisladores de Juntos por el Cambio, que pese a haber perdido las votaciones fogonearon la polémica en la creencia de que el oficialismo se había “pegado un tiro en los pies”. Como fuera, el affaire de las jubilaciones de privilegio terminó dominando la agenda informativa.

A tal punto, que el presidente Alberto F. recibió en la Casa Rosada al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al ministro de Economía, Martín Guzmán, para coordinar una respuesta a las acusaciones de la oposición. En el encuentro, del que también participó el diputado neuquino Darío Martínez –que fue el miembro informante del bloque del FdT- se definió que el propio Congreso corregirá el texto de la ley recién sancionada.

Para el Gobierno es importante la suspensión de la movilidad jubilatoria –de la que también fueron excluidos los docentes y los científicos- porque el sistema previsional y los planes sociales explican el 60% del Presupuesto nacional. Y el congelamiento de semejante cantidad de recursos por seis meses le permitirá al ministro Guzmán un ahorro fiscal que compensará erogaciones como las que se harán en la tarjeta alimentaria, del plan contra el hambre.

Guzmán ya dijo en varias ocasiones que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva le posibilitará a la administración de Alberto F. conseguir un equilibrio fiscal al tiempo que se busca reanimar la economía, sin caer en el peligro de la emisión monetaria descontrolada. Por eso mismo, la suspensión de la movilidad previsional resulta central y afectará a unos ocho millones de jubilados, de los cuales cinco millones cobran el haber mínimo.

El escándalo de las jubilaciones de privilegio quedó en evidencia en el recinto de la Cámara baja, al momento de la votación en particular de los artículos de la ley de emergencia. Hacia las 8 de la mañana, el bloque de Juntos por el Cambio advirtió que el diputado Martínez, informante del FdT, no mostraba intención de blanquear cuáles era los regímenes especiales que se excluían de la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Entonces, según pudo constatar EL DIA, la diputada Silvia Lospenatto avisó al jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, que algo estaba sucediendo. “No pretendan ocultar la basura bajo la alfombra porque la vamos a encontrar”, advirtió el radical cordobés, lo que fue respondido con algunos silbidos desde la bancada peronista. El neuquino Martínez volvió a leer el artículo en cuestión, pero mencionó números de leyes y no aclaró el asunto.

Todo ocurrió en un contexto muy particular: la maratónica reunión legislativa dio paso a escenas de confusión entre diputados visiblemente cansados –algunos cabeceando en sus bancas- y que, en su gran mayoría, no parecían tener conocimiento preciso de lo que estaban votando. “Estamos hace 24 horas sin dormir. Si estuviésemos manejando un ómnibus, hace 8 horas que no lo podríamos estar haciendo porque sería ilegal”, advirtió el diputado Javier Campos.