CIUDAD DE MÉXICO
La disputa entre México y Bolivia por lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera un asedio y hostigamiento a sus sedes diplomáticas en La Paz podría acabar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aunque la vía del diálogo no está cerrada.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que preparan la denuncia por el despliegue de casi un centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz porque viola los tratados internacionales sobre derechos y protección del personal y de las instalaciones diplomáticas. Además, se quejó por la utilización de drones, aparentemente, para vigilar esos enclaves.
Bolivia volvió a negar ayer tales acusaciones. Afirma que no ha violado la integridad de las sedes diplomáticas y que es México el que ha tenido injerencia en sus asuntos internos al cobijar a ciudadanos bolivianos que tienen órdenes de captura en su contra.
Bolivia vive una crisis política desde las elecciones de octubre, que generaron protestas y denuncias de fraude. El 10 de noviembre, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas, el entonces presidente Evo Morales renunció, en lo que algunos países -entre ellos México- consideraron un golpe de Estado y fue asilado primero en territorio mexicano y luego en Argentina.
El 12 de noviembre, la legisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina hasta que se convoquen nuevas elecciones y conformó un gabinete de transición. Dos días después un grupo de 27 personas, en su mayoría políticos y funcionarios, llegaron a la sede diplomática mexicana a pedir asilo.
Nueve de estas personas siguen ahí refugiadas, entre ellos Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia (jefe de gabinete), y otros cinco ex ministros, con órdenes de aprehensión por fraude, sedición e incluso terrorismo. (AP)
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