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En referencia a las múltiples imágenes sobre excesos cometidos contra manifestantes de la protesta social, afirmó que “hay una campaña de desinformación y montajes”
Carabineros en plena represión en Santiago de Chile, durante una protesta social / Twitter
SANTIAGO
Fuerte rechazo y una polémica en redes sociales y medios de prensa desataron las declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre los videos de la dura represión desatada en el país contra manifestantes del estallido social, que para el mandatario son trucados o filmados en el extranjero para instalar que ha habido violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista emitida por CNN en español a mediados de diciembre y que explotó en redes sociales en las últimas horas, el mandatario asegura que su gobierno sufre “una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar”.
Estas palabras desataron la respuesta de personalidades políticas del país, entre ellas del ex candidato Alejandro Guillier, quien escribió en Twitter: “¡Basta, presidente Piñera! Lo único falso es su negativa a reconocer las gravísimas violaciones a los DDHH!”. “Lo lamentable es que Carabineros las seguirá cometiendo mientras usted los siga avalando. Deje de buscar enemigos donde no los hay”, agregó Guillier, quien fue candidato de la opositora coalición Nueva Mayoría (NM, centroizquierda) en las últimas elecciones, y perdió con 45,42 por ciento de los votos con Piñera, que sumó 54,58 por ciento.
En el reportaje, Piñera decía que existe una “gigantesca” campaña internacional de desinformación destinada a “crear una sensación de desorden y una crisis total” en el país, que transita un estallido desatado el 18 de octubre pasado, la peor crisis social desde el regreso a la democracia (1990) y aún sin final a la vista.
“La campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso ha habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras”, aseguró el presidente en la entrevista, que no había tenido gran repercusión hasta que circuló profusamente por redes en las últimas 24 horas.
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El dirigente de la Mesa de Unidad Social (MSU), Luis Mesina, también reaccionó a los dichos y aseguró que con estas declaraciones Piñera “muestra incapacidad para discernir la realidad” pues “solo una persona que no está en su sano juicio, podría sostener algo así”. La MSU reúne a más de 150 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales y es considerada la interlocutora para el diálogo entre los manifestantes y el gobierno, en el marco de la crisis político-social.
Desde la propia coalición gobernante Chile Vamos, el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón criticó los dichos del mandatario escribiendo “Basta”, en Twitter, y más tarde explicó al respecto que “estas declaraciones no ayudan, relativizan y dividen. Basta de eso”. “Es hora de unir y empatizar con todo lo vivido”, agregó.
El titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, en tanto, dijo que aunque efectivamente circulan videos “de otros momentos de nuestra historia nacional o extranjeros (...) los videos que hemos visto son en su inmensa mayoría, verdaderos”.
Esta semana el INDH denunció que el país vive “las más graves y múltiples” violaciones a los derechos humanos desde 1989, año en que se inició el retorno a la democracia y el fin de la dictadura e interpuso un total de 943 denuncias contra las fuerzas de seguridad, de las cuales 750 son por torturas y 134 por violencia sexual (desnudamientos, tocamientos y cuatro violaciones).
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en tanto, dijo que “hay mucha información que no es veraz, que es falsa, que circula por redes y medios que no nos damos el tiempo de verificar”, y sugirió -en línea con Piñera- “la incidencia de cuentas de redes y actividades digitales que provienen del extranjero, en magnitudes y proporciones importantes”.
El estallido social en Chile dejó una veintena de muertos, miles de heridos y denuncias de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos. (EFE)
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