Ordenan extraer muestras de ADN al detenido padre Grassi

La justicia ordenó extraer muestras de ADN del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en 2009, y dispuso inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, creado por la Ley Nacional 26.879.

La medida conocida hoy fue ordenada el 13 de febrero por el Tribunal Criminal Nº1 de Morón y fue firmada por los magistrados Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, según informaron fuentes judiciales.

"La resolución expresa que los parámetros de Grassi, al tener sentencia y condena firme como delincuente sexual, se corresponde con lo que dispone la ley que crea el registro nacional de violadores y ordenó extraer muestras biológicas para inscribirlo ahí", informó hoy el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, en una causa que comenzó el 23 de octubre de 2002 y finalizó a fin de 2009 con la condena contra Grassi por abuso sexual agravado y corrupción de menores de la Fundación Felices los Niños.

Además, el abogado indicó que tienen expectativas de que "el caso sea tratado en la cumbre convocada en las últimas horas por el papa Francisco y que se castigue a Grassi con la expulsión de la Iglesia y su reducción al estado laical".

Gallego expresó por escrito en la medida interpuesta por el Tribunal 1 de Morón que "la Iglesia debe pasar de su tratamiento de lo abstracto a lo concreto, la situación de Grassi es insostenible porque hasta la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre su condena".

La causa se inició el 23 de octubre de 2002 con la emisión de un programa televisivo donde tres jóvenes con sus rostros cubiertos denunciaron haber sido abusados por el padre Julio Grassi en la Fundación Felices los Niños.

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Fue condenado por abuso sexual agravado y ordenaron la libertad morigerada con la prohibición de acercarse a la Fundación, que en ese momento era lugar de alojamiento de chicos en situación de calle con conflictos con la justicia.

El proceso finalizó el 10 de junio de 2009 cuando el Tribunal condenó al cura a 15 años de prisión, quien antes había estado detenido bajo prisión domiciliaria tres meses en 2012 hasta que finalmente la justicia ordenó su detención definitiva el 23 de septiembre de 2013 hasta hoy en el servicio penitenciario provincial, de la unidad de Campana. La sentencia quedó firme el 21 de marzo de 2017.