La paritaria de los docentes no es la guerra

Luciano Sanguinetti (*)

lpsanguinetti@gmail.com

De una somera lectura de los diarios pareciera desprenderse que nos encaminamos hacia una guerra. De un lado el gobierno y sus mesas distritales, del otro los gremios docentes con sus cartas documentos y marchas. ¿Es posible el acuerdo para asegurar el inicio en termino del ciclo lectivo? Difícil.

Los acuerdos siempre exigen condiciones mínimas para el diálogo entre los protagonistas del conflicto. La primera condición necesaria es que la paritaria se aleje del debate electoral.

El gobierno no debería pensar que el conflicto salarial docente le traerá votos o se los hará perder. Y los gremios no pueden actuar como un partido opositor.

La segunda condición es que el gobierno reconozca que 2018 fue difícil para la gran mayoría de los argentinos, pero en especial para los trabajadores del Estado, como los docentes, que reciben ingresos fijos. Todos sufrieron el impacto feroz de la crisis económica y el reajuste de tarifas.

Hagamos un repaso. Durante el año último el gas subió 77 %; el agua cerca de 30 %; la electricidad, 46%; los alimentos treparon al menos 64%; el transporte, 38% y las naftas un promedio de 70%. Para 2019 ya se anunciaron aumentos del agua por encima del 45% y de la electricidad en 35 %.

Es de sentido común advertir que estos costos son los que más impactan sobre las clases medias, los trabajadores que con ingresos fijos han recibido el año pasado un incremento que no superó el 35%.

Entre esos trabajadores son los docentes los que más han sufrido la crisis. Porque los docentes tienen una modalidad laboral que para generar ingresos que superen la tasa de indigencia tienen, por lo menos, que tomar dos cargos, lo que los obliga a moverse de una escuela a otra; pero además los docentes pertenecen a esa clases media en la que el mantenimiento del hogar se lleva casi la totalidad del ingreso (alimentos y servicios). A lo que se suma que su trabajo exige también gastos vinculados a los consumos culturales (Internet, libros, útiles escolares) que se mueven de manera muy estrecha con la devaluación.

Para dar un ejemplo, en la última oferta paritaria de 2018 el gobierno puso sobre la mesa un plus de 2.550 pesos por material didáctico: 210 pesos por mes. Monto que cualquiera que haya ejercido la docencia sabe muy inferior a lo que verdaderamente gasta un docente en el aula.

En síntesis, la educación es un bien público, por tanto no de un partido político o sector de la sociedad.

Recuperar la calidad educativa depende de muchos factores, uno primordial es la condición laboral docente; otro factor es una sociedad que vaya encontrando paulatinamente una cierta estabilidad que haga viable el trabajo de los docentes que, insisto, lidian diariamente con las consecuencias del malestar social.

Tasas de abandono del 50 % en secundaria, bajos rendimientos en matemática y lengua en el primaria, falta de vacantes en el nivel inicial, malas condiciones de infraestructura, no son el resultado sólo de las condiciones socioeconómicas, pero representan un contexto complejo para el trabajo cotidiano de los que enseñan.

Padres angustiados llevan hijos a la escuela que somatizan esas angustias en el aula. No estamos dramatizando, cualquiera que visita establecimientos educativos lo sabe. En muchos ámbitos las tecnologías se vuelven un filtro para la interacción humana. Todos lo hemos sentido ante un reclamo en un servicio público o privado: solo nos atiende una máquina. Todavía en la escuela nos escuchan personas. Pongamos en valor esa diferencia.

“La educación es un bien público, por tanto no de un partido político, o sector de la sociedad”