La protección de niños y adolescentes

Gastón Crespo (*)

gastoncrespo@gmail.com

Contrariamente a lo que plantea el Ejecutivo nacional, como sociedad ética y responsable debiéramos reafirmar el compromiso asumido hacia el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la prevención y el cumplimiento de los estándares internacionales. Necesitamos asignar un presupuesto acorde para fortalecer políticas públicas que atiendan las necesidades básicas de los más vulnerables, con articulación para la inclusión al sistema escolar, la recreación y el acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Es inadmisible reducir a un anuncio de este tipo la realidad de miles de jóvenes que por diversas circunstancias familiares y/o sociales son víctimas, al estar expuestos a contextos de violencia intrafamiliar, abusos y abandono, así como existen casos en que su “voluntad” se encuentra viciada generando situaciones de riesgo de vida para ellos y para terceros.

adolescentes en comisarías

Ante esta situación, necesitamos poner el foco en centros socioeducativos especializados y restaurativos, de inclusión educativa, de formación de oficio, dispositivos de acompañamiento personalizado, de tratamiento del consumo problemático y/o cuidados ante situaciones de salud mental.

Debemos avanzar hacia la eliminación del ingreso y alojamiento de adolescentes en comisarías, desarrollando centros de admisión especializados en jóvenes tendientes a la pronta derivación y articulación con el sistema de protección de derechos y el fortalecimiento de medidas alternativas (centros de referencias).

Este proyecto presentado por el gobierno nacional contradice el principio de especialidad y el principio de no regresividad y progresividad derivados de distintos instrumentos normativos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados y la Declaración Internacional sobre los Derechos del Niño.

Debemos debatir sobre un proyecto de responsabilidad penal juvenil porque es una deuda pendiente de la democracia, pero esta discusión no se puede reducir a una medida inconstitucional y regresiva a efectos de conseguir impactos electorales.

(*) Concejal por el GEN

“El proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil es una deuda de la democracia”