Impulsan castigos con multas y arrestos para combatir el vandalismo en escuelas

Desde puertas con la cerradura reventada, a la rotura de una cisterna y el robo de múltiples elementos, el Jardín 981 de 120 y 523 sufrió, hace poco menos de diez días, un ataque vandálico con todos sus condimentos. El caso -el último registrado en la Región- engrosó así la lamentable lista de ataques a establecimientos públicos locales, que suman 14 entre enero y marzo de este año. En la Provincia, según datos oficiales, esa cifra asciende a 117 y trepa a 248 si se agregan al relevamiento los 131 casos registrados en todo 2018. El dato alarma: en apenas tres meses de 2019 ya se alcanzó el 89% de los robos y daños denunciados en instituciones educativas durante el año pasado.

Con los apuntes en mano de esa problemática, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó ayer, en la legislatura bonaerense, un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional de la Provincia, incorporar nuevas formas de vandalismo al código de faltas e incluir nuevas sanciones a quienes cometan los ataques: van desde multas que pueden rozar los $30.000 hasta los 30 días de arresto. También el texto, que lleva la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal, establece que si los responsables de la contravención son menores se sancione a los padres.

“Cada hecho de vandalismo en una escuela afecta no solo la calidad de las condiciones educativas, sino que también en algunos casos compromete las clases de los chicos y la seguridad de quienes integran toda la comunidad educativa”, reza la propuesta legislativa, que aplica a instituciones de educación pública y privada.

Daños millonarios

Sumado al enorme daño social, las autoridades advierten sobre el costo para las arcas provinciales que significan los ataques: “Arreglar los actos de vandalismo realizados en 2018 y 2019 en los establecimientos educativos le está costando a los bonaerenses $205 millones”. Solo con lo gastado el año pasado -unos $105 millones-, calculan en la Provincia que se podrían haber construído 66 aulas de jardín de infantes. Y en La Plata, donde en 2018 se debieron destinar $14,4 millones para reparar más de 30 ataques a establecimientos educativos, el dinero podría haber pagado 14 aulas con la última tecnología o la construcción de un Jardín, en una ciudad en la que un 50% de niños y niñas no tienen vacantes en el nivel inicialpúblico.

Multas y sanciones

El proyecto en cuestión busca modificar el artículo N°74 del Código Contravencional, que en su capítulo 4 refiere las faltas “contra la tranquilidad y el orden público”. Allí, impone sanciones con arresto de cinco a treinta días o multa deentre el 50% y el 100% del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Es decir, de entre $14.627 y $29.294.

Serán pasibles de las mismas quienes “coloquen, introduzcan o arrojen sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones, dentro de un establecimiento educativo de gestión pública o privada, o en las inmediaciones del mismo”. Alcanzan también a aquellos que “manchen o ensucien” muebles, inmuebles e instalaciones de instituciones públicas o privadas.

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La normativa habilita a su vez al Juez a reemplazar el arresto o la multa, por trabajos comunitarios. Siempre que el contraventor no registre condenas previas y que la gravedad del hecho lo justifique, el magistrado podrá imponer entre dos y diez días de actividades de utilidad pública en escuelas, hospitales u otras instituciones públicas. Asimismo, el juez podrá reemplazar la prisión o la multa por cursos y capacitaciones para “modificar los comportamientos” del contraventor, como así también intimando al atacante a que repare el daño causado.

Ahora bien, ¿qué ocurrirá en los casos en los que la conducta vandálica sea obra de un menor? El juez “determinará si la conducta del menor fue consecuencia de una falta o negligencia en sus deberes por parte de los padres o tutores, que en tal caso seránsancionados con arresto de uno a cinco días o multa de entre el 30% y el 60% del haber mensual de un Oficial Subayudante. Esto es: de $8.788 a $17.576. También en este apartado, se evaluará la posibilidad de reemplazar las sanciones por trabajo comunitario, capacitaciones o reparación del daño.

En tanto que si el menor reincide, la sanción a sus padres podrá elevarse al doble -hasta diez días de cárcel y $35.152-. También, el magistra podrá imponer el cumplimiento de una terapia familiar.

Tal como concluyeron desde la Provincia, la intención del proyecto “es proteger al alumno, al docente y a la comunidad educativa en general y asegurar la prestación del servicio educativo”.

PIDEN SEGURIDAD EN una ESCUELA DE SAN CARLOS

Por otra parte, familiares de alumnos del colegio San Miguel, de 44 entre 134 y 135, solicitaron que se “implemente una guardia policial en los horarios de entrada y salida del establecimiento educativo ante los recurrentes casos de inseguridad que afectan a los alumnos”, según dijo ayer María Rosa Bautista, abuela de tres chicos que concurren a ese colegio.

La mujer agregó que “este pedido se realizó el año pasado y aún no tuvimos una respuesta a nuestro reclamo”.