Las razones de Vidal para nominar al juez Sergio Torres a la Suprema Corte Provincial

Para muchos dirigentes políticos, opositores y oficialistas, la movida de María Eugenia Vidal fue sorpresiva. En la mesa chica del poder provincial, sin embargo, hacía rato que se hablaba del tema y el envión final se tomó cuando la gobernadora decidió no sucumbir ante las presiones para ubicar a una mujer en la Suprema Corte de Justicia provincial. “Simplemente no hay un candidato mejor”, definió ante este diario una encumbrada fuente oficial para explicar porqué Vidal nominará al juez federal Sergio Torres al máximo tribunal.

El Ejecutivo bonaerense cubrirá así la vacante que desde 2016 se generó en la Suprema Corte por la renuncia del juez Juan Carlos Hitters. Si su nombramiento es aprobado por el Senado, el tribunal volverá a contar con siete miembros. El pliego de Torres, de acuerdo a las fuentes consultadas, será enviado en breve, para que la Cámara Alta lo trate en la primera sesión del año.

¿Qué llevó a Vidal a inclinarse por este “tapado”, luego de una larga y especulativa danza de nombres que hasta incluyó a referentes políticos opositores como Margarita Stolbizer?

Por supuesto que no hay una sola cuestión y acaso nunca se conozcan del todo las razones que llevaron a Vidal y a su equipo a inclinarse por este magistrado de Comodoro Py, titular del juzgado Nº 12, el primero en ser designado por el Consejo de la Magistratura y el único que pudo nombrar el ex presidente Fernando De la Rúa antes de su precipitada salida.

Un primer motivo se hizo público apenas trascendió su nombre. Torres es especialista en derecho penal, un área a la que no se dedica ninguno de los otros miembros de la Corte provincial: Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Daniel Soria, Esteban Genoud, Hilda Kogan y Héctor Negri.

También pesó que, en un fuero especialmente estrafalario, el ahora candidato a supremo no ha protagonizado ningún tipo de escándalo, ni ha sido centro de sospechas vinculadas a corrupción, como sí ha pasado con varios de sus colegas. De hecho, su bajísimo perfil le valió el apodo de “El Mudo” en el mundillo de los Tribunales. “Es honesto y laburador”, lo definió alguna vez la gobernadora ante un funcionario de su gabinete.

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Pero hay otros datos de peso, acaso los más importantes. Torres se ganó un respeto profesional importante en el vidalismo durante el desarrollo del episodio conocido como la triple fuga de General Rodríguez, aquel escape cinematográfico que tuvo en jaque a Vidal apenas dos semanas después de asumir la gobernación, a fines de 2015, y que protagonizaron los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.

El episodio de la fuga fue investigado por la justicia provincial pero el gobierno de Vidal sospechó desde un principio sobre el desempeño de la policía bonaerense, que seguía funcionando según códigos de la administración anterior, y de los representantes del ministerio público fiscal, por entonces al mando de María del Carmen Falbo, de vínculos históricos con Aníbal Fernández, el candidato peronista a la gobernación que derrotó Vidal.

Fue entonces que el macrismo, a través del ministerio de Seguridad de la Nación, hizo una denuncia en el fuero federal para que se investiguen las posibles connivencias de bandas de narcotraficantes con los prófugos y que pudieran haber facilitado la fuga. El caso cayó en el juez Torres, quien efectivamente le dio celeridad a las investigaciones incluso metiendo presión con requerimientos judiciales al fuero provincial. El final es conocido: los fugados fueron capturados y juzgados y Falbo fue reemplazada por Julio Conte Grand.

De aquella época, Torres rescató una excelente relación laboral con el influyente ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, quien piloteó el operativo por la famosa fuga y que se apresta a ser una de las caras visibles de la próxima campaña electoral como cabeza de la lista de diputados nacionales de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires.

El otro factor que pesó a la hora de elegir a Torres para la Suprema Corte es que su juzgado centraliza buena parte de las causas por narcotráfico que se tramitan en la Justicia federal. En el gobierno provincial se lo considera un especialista judicial en la materia. Y, se sabe, Cambiemos ha tomado la lucha contra el negocio de las drogas como una bandera de gestión.

El magistrado es famoso en Tribunales por sus informes anuales descriptivos de cómo operan las bandas narcos y qué hace la Justicia al respecto. El de 2018, por ejemplo, describió que su juzgado investigó en los últimos años mas de 900 causas y realizó unos 1.150 allanamientos.

Una de las más célebres fue, a fines del año pasado, cuando ordenó detener e indagar al juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, al que acusó de ser “jefe” de una asociación ilícita con la misión de encubrir a narcotraficantes que operaban en la capital provincial. Es una causa vinculada directamente con aquella por la que terminó preso el intendente de Itatí, Natividad Terán.Para describir la importancia de Torres en el esquema judicial de lucha contra el narcotráfico, fuentes vidalistas recordaron ante este diario que uno de sus históricos secretarios en el juzgado, Diego Iglesias, es desde hace casi cuatro años el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), una oficina del Ministerio Público Fiscal de la Nación que trabaja con todos los fiscales federales en la lucha contra el comercio de drogas ilegales.