El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 rechazó hoy excarcelar al empresario de la carne Alberto Samid y dictó su prisión preventiva en el juicio que se le sigue por supuesta "asociación ilícita" para evadir impuestos, informaron fuentes judiciales.
Los jueces ordenaron además que se le realice de manera urgente un examen médico para determinar el estado de salud del empresario de 71 años, según la resolución firmada hoy.

Samid estuvo prófugo de la Justicia en Belice hasta el fin de semana ultimo.

"Además de la gravedad de la pena que eventualmente le podría corresponder al imputado en el proceso, y más allá de la viabilidad -o no- de la acusación alternativa de la querella, se verifica en concreto la existencia de los riesgos procesales", que hacen "presumir, fundadamente, que en caso que el nombrado recuperase su libertad, eluda la acción de la justicia", resolvieron los magistrados.

Samid seguirá por ahora en la cárcel de Ezeiza, y mañana será trasladado por orden del Tribunal a la sede del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para un "completo y exhaustivo examen médico", añadieron las fuentes.

El Tribunal rechazó el pedido de excarcelación que hizo ayer en una audiencia del juicio oral la defensa del detenido y además le dictó la prisión preventiva.

"Se verificaron reiteradas incomparecencias de José Alberto Samid al plenario, pese a las específicas órdenes del tribunal -debidamente notificadas- en punto a las fechas en que debía presentarse, sin que se hubiese dado justificación alguna al respecto", remarcaron los jueces

Posteriormente, se le prohibió salir del país y luego se ordenó la detención cuando el empresario ya había salido de la Argentina hacia Paraguay "de manera irregular", sostuvieron los miembros del Tribunal José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari.

Samid es juzgado como supuesto miembro de una asociación ilícita junto a otros ocho acusados que evadió IVA retenido o percibido a terceros entre 1993 y 1998 entre otras maniobras.

La fiscalía pidió una pena de seis años y medio de cárcel y la AFIP que actúa como querellante, pidió siete.