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También habría aportado datos que implicarían a personas aún no investigadas

La causa contra Ordoqui y su secretaria sumó una arrepentida que los complica

Se trata de la imputada Lidia Perna, acusada de gestionar beneficios a cambio de dinero y regalos en la Sala V del Tribunal de Casación

La causa contra Ordoqui y su secretaria sumó una arrepentida que los complica

El juez fue suspendido pero conserva fueros y evitó la detención / web

La situación del suspendido juez Martín Ordoqui y de la secretaria de la Sala V del Tribunal de Casación bonaerense, María Eugenia Mercado, podría complicarse aún más en el marco de la causa judicial que los investiga como presuntos integrantes de la asociación ilícita dedicada a conceder beneficios procesales a cambio de dinero y dádivas: una imputada en esa misma causa consiguió ser aceptada como arrepentida y en una extensa declaración en las últimas horas brindó nuevos detalles sobre los mecanismos irregulares de los que se habla en el expediente.

Según pudo saber este diario de una fuente de la investigación, la novedad se produjo en torno de la situación de Lidia Perna, quien fue detenida a fines del año pasado bajo la acusación de realizar operaciones irregulares en favor de detenidos sobre los que se posaba la lupa en la Sala V, que presidía Ordoqui.

La supuesta “operadora” judicial pidió declarar como arrepentida y una vez que la jueza de garantías Florencia Butiérrez aprobó el beneficio fue citada por la fiscal Betina Lacki (UFI Nº 2) a cargo de la investigación.

Según la fuente, en una audiencia de 8 horas de duración aportó nuevos datos sobre un mecanismo de acceso a decisiones hechas a medida de sus clientes. “Aportó datos sobre montos de dinero y regalos. Habló sobre los vínculos que entabló con Ordoqui, Mercado y también con otros operadores cuyos nombres aún no se dieron a conocer”, se indicó desde Tribunales.

Reducción de pena

En su nueva condición de arrepentida, Perna podría obtener beneficios: de comprobarse lo que contó podrá obtener una reducción de la pena en el juicio al que también llegará como acusada.

La “falsa abogada” (según el argot de los investigadores) Perna fue detenida a principios de diciembre. En seis allanamientos realizados en La Plata, capital federal, San Vicente y Canning, también se dispusieron las detenciones de la contadora Nora Pérez y Ariel Heine, quien ya estaba detenido pero contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria.

Los tres están sospechados por maniobras de cohecho y tráfico de influencias. Cayeron a instancias de una investigación vinculada a maniobras ilícitas detectadas en la venta de terrenos en el Conurbano, en la cual se obtuvo información vinculada a presuntas maniobras en el tribunal platense.

En el mismo operativo cayó María Eugenia Mercado, hasta entonces secretaria de la Sala V de Casación. Un mes y medio antes había sido suspendido Ordoqui, pero por su condición de magistrado no puede ser arrestado. Su situación todavía está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, Mercado fue beneficiada con un arresto domiciliario a principios del mes de febrero.

La Sala de feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, por mayoría, hizo lugar, en parte, a un hábeas corpus interpuesto por la defensa de la imputada contra la prisión preventiva dictada en la causa.

Si bien la alzada confirmó la preventiva dictada por la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, en la resolución con votos del camarista Sergio Almeida, al que adhirió su colega Laura Lasaga, con la disidencia de la jueza María Oyhamburu, se modificó el encuadre legal dado al caso.

De esta forma la imputación contra Mercado por su presunta participación necesaria en “asociación ilícita, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo agravado”, quedó solamente por este último delito, y como partícipe secundario, explicaron las fuentes.

La Cámara -agregaron- ante este nuevo encuadre legal, menos gravoso, entendió que se le debe conceder a Mercado el arresto domiciliario solicitado por la defensa, a cargo de Héctor Granillo Fernández, que había sido denegado por la jueza Garmendia.

 

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