El vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores (Conjub), Pedro Ávalos, aseguró que “más de 800 personas con discapacidad esperan desde hace 25 años el permiso para tener un kiosco en algún edificio público”.

“Convocamos a todas las personas con discapacidad a que reclamen por su derecho al trabajo digno en `Kioscos Inclusivos´, que pueden instalarse en todos los edificios públicos”, señaló en un comunicado el dirigente, que es cuadripléjico desde su niñez.

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Ávalos precisó que “solo en Capital Federal y el gran Buenos Aires existen más de 2.000 lugares disponibles para las personas con discapacidad”.

“Hoy hay más de 800 personas que están esperando y solo se han adjudicado 100 lugares, es decir 100 puestos de trabajo”, explicó Ávalos, quién permaneció seis años detenido como preso político durante la última dictadura militar.

Finalmente, el dirigente recordó que desde el sector “estamos reclamando al Ejecutivo nacional los mil millones de dólares que nos quitaron de las personas con discapacidad (por decreto 908, de 2016) para meterlos en la bicicleta financiera con bonos 2020 del Banco Nación”.

Con el citado decreto, el PEN estableció un régimen excepcional de distribución de los recursos acumulados al 28 de julio de 2016 en el Fondo Solidario de Redistribución, que no fueran oportunamente aplicados conforme la normativa vigente, deducido el monto no distribuido correspondiente a 2015.

La Conjub fue creada el 30 de septiembre de 1948 y agrupa en el país a unas 8.000 organizaciones, de las cuales el 40 por ciento en la provincia de Buenos Aires, donde viven tres de los seis millones de jubilados de ANSES, más los que corresponden a los del Instituto Provincial de Seguridad Social y de leyes especiales.