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La resolución de excarcelación que otorgó la jueza Marcela Garmendia a una de las procesadas en la causa que tiene como principal imputado al suspendido camarista Martín Ordoqui, con la figura del arrepentido, es la primera que se aplica en el fuero penal, y fue concedida porque la detenida, Lidia Perna, en sus ocho horas de declaración, “aportó datos que contribuyen al avance de la investigación”.
Así lo explicó a este diario una fuente de Tribunales, quien agregó que en la homologación del acuerdo celebrado por la fiscal de la causa -Betina Lacki-, la imputada y sus abogados -José Luis Villada y Gabriel Mendy-, la jueza Garmendia entendió que “la declaración fue muy importante. La desgrabación se envió a la fiscalía para que se amplíe la investigación, ya que la testigo mencionó como posibles partícipes en las maniobras investigadas a varios abogados y funcionarios judiciales de la ciudad”.
La causa investiga la concesión de beneficios procesales, como arrestos domiciliarios o excarcelaciones, a cambio de dinero y dádivas.
Quienes accedieron a esa declaración mantienen por ahora un hermetismo estricto, aunque se supo que la “arrepentida” mencionó varios nombres que quedaron ahora bajo la lupa judicial, y sobre quienes se pidieron una serie de informes.
Además de Ordoqui, por esta causa fueron procesados la secretaria de la Sala V del Tribunal de Casación bonaerense, María Eugenia Mercado; la contadora Nora Pérez; Enrique Petrullo; Ariel Heine, y la propia Perna, a la que apresaron a fines del año pasado sospechada de operar irregularmente en favor de imputados, se presume que con el guiño de Ordoqui. Todos cayeron a instancias de una investigación vinculada a maniobras ilícitas detectadas en la venta de terrenos en el Conurbano.
En la resolución se dispuso la excarcelación bajo caución juratoria de Perna, pero se dejó constancia que la misma no se hará efectiva porque tiene pendiente una causa en el juzgado de Garantías VIII de Cañuelas.
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De todas maneras, para la “arrepentida” se dispuso su entrada al programa de protección de testigos y custodia fija, a cargo de la Policía Federal.
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