Con 14 votos a favor y 10 en contra, quedó aprobada ayer en el Concejo Deliberante la rendición de cuentas de la gestión 2018 del Ejecutivo municipal. Fue tras un debate de más de seis horas en el que, el oficialismo y la oposición se cruzaron críticas con la campaña electoral como telón de fondo.

El oficialismo realizó una defensa de los criterios para el gasto público del año pasado de un presupuesto de 6.831 millones de pesos, enfocándose fundamentalmente en mostrar los balances “positivos” en torno a la ejecución del Fondo Educativo, con 58 millones de pesos ejecutados en torno a 185 centros educativos, y la inversión en obras públicas por 673 millones de pesos y 144 millones para Planeamiento, entre otras áreas como Desarrollo Social, con un gasto de 206 millones de peso y el SAME, que junto a los centros de Salud representó un gasto por 311 millones de pesos.

El bloque de Cambiemos contó con el acompañamiento de los concejales de Alternativa Federal Luciano Sanguinetti y Gastón Crespo y el peronista Fabián Lugli, en tanto que las bancadas de Unidad Ciudadana, el FpV-PJ y los unibloques del camionero Miguel Forte, la massista Virginia Rodríguez y la radical disidente Florencia Rollié rechazaron la rendición de cuentas general, la de la administración del Mercado Regional y la del ente del ex Banco Municipal.

El resultado pronunció la división de las aguas opositoras, ya que incrementó entre quienes se opusieron a la aprobación del expediente el malestar con respecto a los que propiciaron que Cambiemos obtenga la mayoría de votos.

En el kirchnerismo la vocera para cuestionar las cuentas de la gestión de Julio Garro fue Victoria Tolosa Paz, quien criticó la subejecución de partidas en áreas sensibles como Salud, Desarrollo Social y Obras y Seguridad, además de remarcar distintos incumplimientos en términos de transparencia.

Por el FpV-PJ, Lorena Riesgo presentó 97 pedidos de informes que representan cada uno preguntas sin responder en torno a las transferencias de partidas realizadas el año pasado, y fondos sin gastar en áreas como Obras Públicas y Producción, tanto como el retraso de “tres años” en el comienzo de la instalación de cámaras de monitoreo urbano.