Se acortan los plazos procesales para el juicio oral contra Scioli

Lo investigan por presunto lavado de activos e irregularidades en la adjudicación de obra pública

Los plazos para el inicio del juicio oral en la causa que se sigue contra el ex gobernador Daniel Scioli y ex funcionarios de su gestión por lavado de activos e irregularidades en la adjudicación de obra pública se acortan. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata ordenó a la jueza Marcela Garmendia notificar a cada una de las partes en forma simultánea y a través de documentos digitales, lo que acelerará notoriamente el proceso anterior a la instancia del juicio oral.

La Cámara hizo lugar a un planteo presentado en febrero pasado por el fiscal que instruyó la causa, Alvaro Garganta, quien advirtió que si se mantenía el sistema de notificaciones que se venía usando en el juzgado de Garganta podría pasar al menos dos años hasta que llegue el juicio oral.

En la resolución, a la que tuvo acceso EL DÍA, los camaristas Fernando Mateos, María Silvia Oyhamburu y Laura Lasaga hicieron lugar al planteo de Garganta y establecieron que los traslados a las partes de cada uno de los 46 procesados se haga en forma simultánea y no sucesivas como venía ocurriendo hasta ahora, una metodología que generaba demoras, habida cuenta los plazos para las apelaciones y recursos.

Garganta cerró la instrucción y pidió la elevación a juicio oral de la causa en septiembre del año pasado. El expediente investiga el presunto lavado de activos, desvío de fondos, adjudicación irregular de obras y negociaciones incompatibles con la función pública durante la gestión de Daniel Scioli en distintos organismos de la Provincia, con figuras que contemplan penas de cárcel para el ex gobernador, el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el ex ministro Alejandro Collia, el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia y el ex presidente de ABSA Guillermo Scarcella, entre otros muchos funcionarios de segundas líneas. La causa central se desdobla en varias investigaciones puntuales, que van desde la supuesta adjudicación irregular y cartelización de la obra pública como irregularidades en distintos organismos. 

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