Con 15 tarjetas de nafta y en un solo mes, recaudaron más de 300 mil pesos

Para estimar, aunque con reparos, la estafa a las arcas provinciales con la nafta de los autos de Educación, bastaría con tomar en cuenta que, solamente en marzo y con las 15 tarjetas que le secuestraron al playero de una estación de servicio, se defraudaron más de 300 mil pesos.

Para completar el cálculo bastaría tener en cuenta que la maniobra se remontaría a siete años antes (por lo menos) y que habría muchas más tarjetas y estaciones de servicio sacando provecho de esto, informaron fuentes oficiales.

Por lo pronto, policías de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de La Plata trabajaron ayer en la Dirección de Automotores que depende de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), en 22 entre 63 y 64, para secuestrar toda la documentación que la Justicia pidió a través de una orden de presentación.

También escucharon algunos testimonios de empleados, mientras avanza la causa bajo la instrucción del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la jueza de Garantías Marcela Garmendia.

Por el momento, la carátula es “defraudación de caudales públicos”, con un solo detenido: Walter Cejas (29), el playero de la Axion de 44 y 31 que a fines de abril fue interceptado mientras circulaba en una camioneta de alta gama, con su hijo, 15 tarjetas con la inscripción Bapro Copres de la cartera educativa y 50 mil pesos en efectivo. Lo único que pudo justificar fue la presencia del nene.

Los investigadores creen que de la maniobra también participó el gerente general de la misma estación de servicio, un hombre de 44 años que justo al día siguiente de la captura de Cejas se metió en un baño del comercio y se suicidó de un tiro en la cabeza con un arma a su nombre. Están convencidos, también, de que la maniobra no habría sido posible sin la participación de empleados del organismo oficial. ¿Cuántos y de qué jerarquía? Es lo que procuran determinar.

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Recordemos que días atrás la cartera educativa resolvió suspender en forma preventiva a dos funcionarios ligados con el área que ahora está bajo la lupa. Si se comprueba la participación de tres o más personas en esta estafa, la calificación podría escalar a asociación ilícita, pero para eso resta analizar toda la documentación que se está sumando a la causa.

El miércoles, la jueza Garmendia libró una orden de presentación para que en 24 horas se remitiera a la fiscalía a cargo de la causa determinada información vinculada con el manejo de los fondos, explicaron fuentes de tribunales.

Con los elementos reunidos hasta ahora -a partir de datos aportados por Educación y el Banco Provincia-, se habría detectado la posible comisión de delitos en la dirección de Servicios Generales y en la subdirección de Transporte Terrestre del área educativa provincial.

Las autoridades ya habían advertido, a mediados del año pasado, algunas irregularidades con las tarjetas de combustible, lo que derivó en la suspensión preventiva de cuatro choferes.

Al ser detenido, el playero Cejas atinó a justificarse argumentando que “las tarjetas se las dieron” y que él hacía “esto” para “los de arriba”, sin mayores especificaciones, aunque su declaración no tiene validez legal porque no las repitió al momento de ser indagado por el fiscal Condomí Alcorta. De hecho, optó por guardar silencio.

Solamente la cartera educativa tiene alrededor de 600 autos que demandan, para mantenerlos en movimiento, un flujo de dinero tan importante como difícil de controlar. “Los patrulleros tienen un GPS que indica por dónde circulan y se puede verificar, hasta cierto punto, la cantidad de kilómetros que recorren, pero con los otros vehículos oficiales es imposible”, concluyó una fuente judicial.

Los organismos se proveen de combustible en distintas estaciones de servicio, con tarjetas magnéticas precargables “Bapro Copres”, de las que deben rendir cuentas.

La investigación apunta a la trazabilidad de esos movimientos en los últimos años, lo que, claramente, no es un objetivo sencillo.