Una “organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos”

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, acusaron a Cristina Fernández de Kirchner de integrar una “organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional” de la obra pública.

En la audiencia de ayer los secretarios del Tribunal Oral Federal 2 llegaron a leer apenas las primeras 100 páginas de una acusación de casi 600, por lo que esta instancia del juicio se extenderá varios días.

Estos son los aspectos más importantes de la acusación:

-Asignar discrecionalmente “prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez”.

-La adjudicación a esas empresas “representó la contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos”.

-Se habría tratado de “una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza”.

-Los jefes de la organización fueron, según los fiscales, los ex presidentes, y como organizadores intervinieron el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, el ex Administrador General de Vialidad Nelson Periotti y “el amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Báez, entre otras personas”.

-”Convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro BÁEZ, a quien habrían de enriquecer a lo largo de doce años a expensas del interés de la sociedad”, sostuvieron los fiscales.

-”Seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción”, aseguraron.

Los “cuatro pilares de la maniobra” según los fiscales

La maniobra investigada se habría edificado en cuatro pilares, según surge de la acusación:

1) la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial.

2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional.

3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.

4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor del empresario Lázaro A. Báez, en detrimento de las arcas del Estado.

Según los fiscales, para que las empresas de Báez se impusieran en las licitaciones también se habrían utilizado mecanismos amañados, como la presentación de varias empresas de un mismo grupo económico y la ausencia de controles.

Si bien la lectura de la acusación requiere la presencia obligatoria de los imputados, fuentes del tribunal aseguraron que estudian un pedido formulado por la defensa de la ex presidenta para poder ausentarse en las próximas audiencias.