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Siete de los ocho efectivos imputados por la persecución y muerte de cuatro jóvenes se negaron a declarar ante la Justicia
Siete de los ocho policías que fueron detenidos por la muerte de cuatro jóvenes luego de una persecución a tiros y choque en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte se negaron a declarar ante el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte y continuarán presos, informaron esta noche fuentes judiciales.
La audiencia en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Cañuelas se inició al mediodía y culminó pasadas las 20.30, ya que a todos los efectivos se le leyó la imputación en su contra y luego se les consultó si querían ser interrogados.
Todos los policías se negaron a declarar, por recomendación de su defensa, excepto la oficial Melina Blanco, quien había sido aprehendida anoche por presunto encubrimiento, ya que se sospecha que viajaba en una de las patrullas que intentó interceptar el auto en el que se movilizaban los adolescentes.
Para los investigadores, la policía observó todo, aunque luego firmó un acta en el que se habrían falseado las circunstancias por las que murieron los jóvenes.
La oficial, de 25 años, se presentó espontáneamente ayer en la fiscalía y manifestó que quería declarar porque había participado en el procedimiento y aseguró que ello no figuraba porque sus superiores le dijeron que “era nueva”.
Entonces, se dispuso su aprehensión y la joven entregó su arma reglamentaria y su teléfono a personal de Gendamería que realiza los peritajes en la causa.
Luego, fue desafectada de la fuerza y se sumó a los otros 14 efectivos en esa situación.
Los policías que no declararon son el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez, quienes están acusados de "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego".
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A los cuatro se les imputaron los crímenes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14), que murieron cuando el Fiat Spazio en el que viajaban chocó contra un acoplado de un camión mientras eran perseguidos y atacados a balazos por los efectivos.
De acuerdo a la imputación que realizó ayer la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, a los cuatro efectivos se los acusa, además, de "homicidio doblemente agravado en grado de tentativa" en perjuicio de una adolescente de 13 años que también viajaba en el auto y que hoy permanecía internada en grave estado en el hospital de Florencio Varela.
En tanto, Garmendia imputó al oficial subinspector José Alfredo Domínguez y a los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público, quienes también se negaron a ser interrogados.
Según el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, en la causa está acreditado que en el procedimiento participaron tres móviles en los que había en total ocho policías y que desde uno de ellos se dispararon dos armas que les había suministrado la fuerza.
Los peritajes balísticos establecieron que la pistola de la cual salió el proyectil que hirió a uno de los chicos era un arma de las secuestradas a los policías y que una de las víctimas tiene un orificio de un proyectil calibre 9 milímetros.
Además, se encontraron cuatro casquillos de bala que se corresponden con el arma de otro de los efectivos.
Los investigadores intentan aún determinar cuál fue la motivación para que los policías persiguieran a los jóvenes, aunque familiares del conductor aseguraron que era habitual que lo siguieran luego de que en una oportunidad un comisario le pidió una coima de cuatro mil pesos para no secuestrarle el auto.
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