La corrupción policial como preludio de la locura en la ruta

Mientras el fiscal Damonte se encamina a reunir todas las piezas que conducirían a demostrar la plena responsabilidad de los policías en un hecho que fue descripto como una masacre por la madre de uno de los chicos muertos, en el equipo que conduce se siguen preguntando que generó la persecución, el pedido de refuerzos y los tiros contra la carrocería del Spazio, que terminó chocando al camión.

En la marea de sospechas que se mueve en Monte por estos días, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich sumó algo de movimiento. Contra la versión policial de que el Fiat no se había detenido en un control vehicular indicó que no había conos que señalizaran un supuesto retén y mostró su desconfianza de que se tratara entonces de un procedimiento con un auto. “Es algo más complejo”, aseguró.

La funcionaria fue más rápido que la Justicia: “No deberían llamarse policías. Los policías están para proteger a la gente, no están para perseguir”, sostuvo sobre el grupo de agentes y jefes detenidos por sospechas de asesinato y encubrimiento.

Así las cosas, todos se preguntan qué inició la persecución y dónde fue.

Una de las ideas, sin respuesta aún, es que los pasajeros del Fiat Spazio vieron algo que no tenían que ver, y por eso fueron perseguidos por los agentes.

Ahí aparecen las sospechas en el pueblo con respecto al funcionamiento de la organización delictiva con ropa policial, dedicada a recaudar a partir de esa condición.

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“Es de manejo generalizado en el pueblo que los policías tenían tarifada la coima que le cobraban a los comercios. Eran capaces de llevarse 300 pesos de una verdulería”, señaló un funcionario cercano a las investigaciones como ejemplo de la voracidad de la presunta gavilla.

No es todo: también se sospecha que intervenían en la cadena de comercialización de estupefacientes en la localidad, tomando parte de las ganancias de los dealers como peaje para mover las sustancias ilegales por las calles.

Puntualmente, en la investigación se especula con la posibilidad de que en la madrugada del lunes, mientras paseaban, los chicos pudieron notar una transacción o un encuentro prohibido entre policías y narcos.

Se preguntan en la UFI Nº 1 y en el Ministerio de Seguridad -que investiga a los policías a través de la Auditoría General de Asuntos Internos- si un video publicado por una de las víctimas en la red social Instagram, donde se ve a los cinco pasajeros del auto reír y hacer gestos de asombro, es el momento previo de lo que la mamá de Gonzalo Domínguez (14) definió como “una masacre”.

También se menciona en la lista de hipótesis la extorsión aplicada sobre el conductor. Los familiares de Aníbal Suárez denunciaron que el joven había sido extorsionado hace unas semanas en un control en la ruta porque no tenía los papeles del vehículo.

El chico de 22 años le contó a sus allegados, que los efectivos le dijeron que le tenían que cobrar una multa de 35 mil pesos, aunque si les entregaba cinco mil, lo dejarían irse. El conductor, que fue “pescado” antes de hacer la transferencia del auto adquirido unas semanas atrás, entregó 4 mil pesos. Ahora se investiga si dos semanas después intentaron volver a “apretarlo” y el joven decidió dejar de manejar por un tiempo. El domingo a la noche volvió a salir con el coche.

Como otro indicador de la impunidad policial un testigo mencionó que al chofer del camión se le ofrecieron 100 mil pesos para llevarse el vehículo de Monte tras el choque. Una fuente del caso le dijo a este diario que el camionero negó ante e fiscal Damonte que hubiera recibido esa propuesta siendo investigado en la causa.

Los investigadores se preguntan si la persecución derivó de algo que vieron los chicos