Monte: detuvieron a otros 4 policías y al secretario de Seguridad municipal

El paraguas de la complicidad y el encubrimiento de la tragedia de San Miguel del Monte sería más grande de lo que se creía hasta ahora: el fiscal de la causa que investiga la persecución y el choque en el que murieron 4 chicos y una adolescente de 13 años quedó en estado delicado, amplió la mirada de los actos criminales hasta alcanzar a otros cuatro policías de la única comisaría de la ciudad y saltó el cercó hacia el mundo civil, con el secretario de Seguridad del municipio.

La jueza de garantías platense Marcela Garmendia acompañó esos planteos y hacia el final del día fueron cayendo, uno a uno los nuevos acusados de la causa. El último que fue detenido, cerca de la medianoche, fue el subcomisario Franco Micucci, a cargo de la comisaría de Monte hasta hace una semana.

A todos se los acusa del delito de encubrimiento agravado, según indicó una fuente de la investigación. Al cierre de esta edición se los trasladaba a La Plata, donde quedarán alojados en la comisaría novena.

Los nuevos detenidos fueron identificados como el funcionario comunal Claudio Martínez, el teniente Ángel Héctor, el oficial inspector José Manuel Durán y la oficial subayudante Nadia Genaro.

Martínez forma parte del gabinete de la intendenta del distrito, Sandra Mayol. Según contó ayer la jefa comunal, fue quien le comunicó en la madrugada del lunes 20 sobre la tragedia, entonces considerada como accidente.

Según las fuentes, las aprehensiones fueron concretadas por el personal de la propia policía bonaerense. El último en caer, Minucci, concentra buena sospechas en torno a las falsedades señaladas en el operativo de la muerte. También en una serie de delitos de corrupción por lo que se señala a la Policía en la comunidad local. Esas quejas y denuncias de los últimos meses tomaron visibilidad en el marco de las protestas sostenidas de los últimos días.

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Las fuentes policiales y judiciales señalaron que los nuevos policías implicados en la causa ya habían sido desafectados de la fuerza la semana pasada por el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. En total, la cartera desafectó a 15 policías. La lista incluyó a toda la plana de la conducción departamental y regional.

Pacto de silencio

En la causa ya había ocho policías detenidos, siete de los cuales se negaron a declarar el sábado ante el fiscal Damonte, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Cañuelas.

Sólo la oficial Melina Bianco (25) dio explicaciones ante a acusación de encubrimiento que la alcanza. Dijo que formaba parte de una patrulla que fue convocada como refuerzo por parte del móvil del que, según se calcula en la causa salieron los disparos que impactaron en el Fiat Spazio y en un glúteo de una de las víctimas. Luego el auto chocó contra el acoplado de un camión estacionado en la colectora de la ruta 3. Cuatro de los cinco ocupantes murieron allí y la quinta pasajera está internada en grave estado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Para los investigadores, la policía observó todo, aunque luego no firmó un acta en el que se habrían falseado las circunstancias por las que murieron los jóvenes.

La oficial se presentó espontáneamente el viernes pasado en la fiscalía y manifestó que quería declarar porque había participado del procedimiento, pero aseguró que ello no figuraba porque sus superiores la excluyeron con el argumento de que es “nueva” en la fuerza.

Entonces, se dispuso su aprehensión y la joven entregó su arma reglamentaria y su teléfono a personal de Gendarmería que realiza los peritajes en la causa.

Luego, fue desafectada de la fuerza y se sumó a los otros 14 efectivos en esa situación.

Entre los policías que no declararon se encuentran el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez, quienes están acusados de “homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego”.

A los cuatro se les imputaron los crímenes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14).

Según la imputación que realizó el viernes la jueza Garmendia, a los cuatro efectivos se los acusa, además, de “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa” en perjuicio de la adolescente de 13 años que está internada con traumatismos graves.

En tanto, Garmendia imputó al oficial subinspector José Alfredo Domínguez y a los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público.

Según el procurador Conte Grand, en la causa está acreditado que en el procedimiento participaron tres móviles en los que había en total ocho policías y que desde uno de ellos se dispararon dos armas que les había suministrado la fuerza.

Los detenidos ya habían sido apartados por el Ministerio de Seguridad

La intendenta contó que fue Martínez quien le informó sobre la tragedia, hace una semana

Los peritajes balísticos establecieron que la pistola de la cual salió el proyectil que hirió a uno de los chicos era un arma de las secuestradas a los policías y que una de las víctimas tiene un orificio de un proyectil calibre 9 milímetros.

Además, se encontraron cuatro casquillos de bala que se corresponden con el arma de otro de los efectivos.

Los investigadores intentan aún determinar cuál fue la motivación para que los policías persiguieran a los jóvenes.

Familiares del conductor aseguraron que era habitual que lo siguieran luego de que en una oportunidad un comisario le pidió una coima de 4.000 pesos para no secuestrarle el auto por una infracción de falta de documentación.

Pericias a los teléfonos

Ante el silencio de la mayoría de los policías implicados en la persecución fatal, la investigación judicial intenta darle voz a los graves hechos de hace una semana a través de la declaración de testigos y el análisis de un elemento clave para lo que se sospecha que funcionó como una organización criminal con ropa azul: los teléfonos celulares.

Desde este lunes se abrirán los aparatos retenidos a los 8 policías detenidos en primera instancia.

Las sospechas indican que en el intercambio de mensajes puede haber pistas sobre la dinámica de los hechos y las acciones del encubrimiento que se le achacan a varios de los detenidos.

“El trabajo sobre los teléfonos consolidará una hipótesis investigativa”, le dijo a este diario Conte Grand.

La Comisión por la Memoria (CPM) anunció ayer que patrocina a las familias de Danilo (13) y Camila (13).

“Nuevos testimonios y denuncias permiten corroborar que el asesinato de estos 4 jóvenes se inscribe en una larga trayectoria de violencia policial en la localidad. La CPM participó jueves y viernes de las marchas realizadas en la comunidad y el sábado a la mañana del acto en la plaza principal junto a Nora Cortiñas, Madre de plaza de Mayo e integrante del organismo”, se indicó desde el organismo.