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El empresario Cristóbal López
El juez federal Claudio Bonadio procesó a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en una investigación por la supuesta compra con dinero de origen ilegal de dos departamentos en un edificio del barrio porteño de Recoleta.
En otro departamento de ese mismo edificio, en el quinto piso, vive la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los procesamientos de ambos por presunto “lavado de activos” se dictaron con prisión preventiva y embargos de 40 millones de pesos, según el fallo difundido ayer.
Según la denuncia, “la maniobra imputada consistió en comprar con el dinero de origen ilegal” dos departamentos ubicados en el primer y cuarto piso del edificio de la calle Juncal 1409, en 2010 y 2011”.
También quedaron procesados sin prisión preventiva Osvaldo Sanfelice, Alberto Leiva, Osvaldo Manuel De Souza e Ismael Sánchez por su participación en las maniobras. “Se buscó ocultar o disfrazar la ilicitud del origen de los bienes y llevar a esos bienes a que adquieran apariencia legal”, sostuvo Bonadio en el fallo. López y De Sousa ya están detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza en el marco de otra causa penal, la que investiga la evasión del impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera “Oil Combustibles”, y cuyo juicio oral comenzará el 13 de junio próximo.
Bonadio los procesó ahora también con prisión preventiva en esta causa, que es conexa a la de los cuadernos de la corrupción, también a su cargo.
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“En la investigación se ha acreditado la relación entre los causantes, los negocios por ellos realizados con el dinero ilícito obtenido”, sostuvo el juez.
Para Bonadio, hay “evidencias” que indican que los pisos 1, unidad 3, y 4, unidad 6, fueron adquiridos “con dinero ilegal de contrataciones con el Estado Nacional, y simulada su compra por quienes habrían sido partícipes de dicha maniobra”.
Los procesados Leiva y Sanfelice “son cuñados”, y “al momento de los hechos eran apoderados de la firma Los Sauces, de la familia Kirchner, y “empleados del Grupo Indalo -en Alcalis de la Patagonia SA y CPC SA-respectivamente”, se sostuvo en el fallo.
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