La Fiscalía General de Venezuela abrió hoy una investigación para determinar si dos colaboradores de Juan Guaidó, proclamado presidente interino del país por la Asamblea Nacional (AN, parlamento) cometieron delitos de corrupción en el manejo de fondos asignados para asistir a venezolanos que se refugiaron en Colombia.

La información fue difundida en conferencia de prensa por el fiscal general, Tarek Saab, quien dijo que la investigación se funda en "evidencias" publicadas por medios internacionales de prensa.

La investigación apunta a Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, ambos designados por Guaidó como delegados en Colombia y ahora acusados de haberse apropiado de dinero que debía ser destinado a asistir a militares venezolanos que se refugiaron en Cúcuta.

Esos militares buscaron el refugio luego de reconocer a Guaidó como presidente encargado. 

"Estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos, las cuales en realidad eran canceladas por Acnur", dijo Saab, citado por El Nacional.

"Además -agregó-, inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro del dinero, que se habría utilizado para gastos personales, alcohol, e incluso prostitutas, y se presume que es utilizado también para financiar la desestabilización contra Venezuela”.

El fiscal, designado por la Asamblea Constituyente, dominada por el chavismo, aseguró que Guaidó "dispone de fondos de la República, robados de cuentas pertenecientes al Estado venezolano por autoridades extranjeras, y que estos fondos se están administrando sin transparencia alguna”.

A Rosanna Barrera y Kevin Rojas se les imputan los delitos de lavado de dinero, corrupción y asociación para delinquir.

Guaidó había aclarado este lunes que la Asamblea Nacional -dominada por el antichavismo- hacía registros sobre la ayuda humanitaria y la asistencia a los militares venezolanos en territorio colombiano. 

Pero, aseguró, la atención a funcionarios se hizo mediante el gobierno colombiano y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 

Guaidó fue proclamado presidente interino en enero pasado por encargo de la Asamblea Nacional y el apoyo de unos 50 países a cuya cabeza está Estados Unidos.

Pero la ofensiva diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro no tuvo hasta el momento fuerza suficiente como para deponerlo.