¿Dónde fue la guita que nos robaron con los tarifazos”, rezaba el cartel improvisado de uno de los afectados por el corte de luz en Camino Centenario y Arana, en Villa Elisa. Y ese es el núcleo del problema actual: la falta de una respuesta clara, cierta, de cuánto puede durar el corte y cómo se soluciona.
Tampoco las hubo en el apagón nacional del domingo 17 de junio, cuando el secretario de Energía hizo una pobre conferencia de prensa de lo sucedido.
Al respecto, el ex ministro y candidato presidencial Roberto Lavagna dijo algo cierto: “La ciudadanía hizo un tremendo esfuerzo en los últimos tres años en materia tarifas. La explicación (que dé el Gobierno) tiene que ser sólida y creíble, que nos digan si fueron cosas de orden técnico insalvable o si hubo fallas de otra naturaleza”.
En el caso del problema detectado en un cable de alta tensión de EDELAP, que dejó sin luz a miles de platenses, también tiene que haber una respuesta precisa y contundente. Y eso corresponde, además de la empresa de energía eléctrica, al gobierno provincial, a cargo del control de las compañías generadoras en el territorio bonaerense.
Es verdad también que en nuestro país, las empresas deben pasar por vicisitudes que muchos ciudadanos no conocen. Durante años, el Estado nacional ayudó a generar desinversión y falta de competitividad, con subsidios que favorecían a los habitantes de nuestra región, el Conurbano y la ciudad de Buenos Aires en detrimento de los pobladores del interior, que pagaban facturas más abultadas.
También es cierto que por la política económica del actual gobierno, EDELAP perdió el año pasado $9.907 millones (de acuerdo a su último balance presentado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) que la pusieron al borde de la disolución. Pero para que no haya carteles ni protestas, las explicaciones deben ser claras.
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