La Justicia Correccional de La Plata condenó ayer a dos comisarios, peritos médicos de la Policía Bonaerense, a penas de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer funciones públicas por haber cometido falso testimonio y encubrimiento agravado en el asesinato del ecologista Carlos Castello, ocurrido en Lobos en 2008, y absolvió a un tercero.
El juez Correccional 5, Diego Tatarsky, le impuso ayer una pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso al comisario Jorge Antonio Álvarez Ceballos, médico policial de Lobos, y de un año y seis meses a la perito de policía de La Plata Karina Marcela Sabules. Además, le aplicó a Alvarez Ceballos una inhabilitación absoluta para desempeñarse como policía y otra especial para ocupar cualquier cargo público durante cuatro años y ocho meses, y a Sabules de tres años para las mismas circunstancias.
A ambos condenados se le determinó también la obligación de comparecer cada tres meses, durante tres años, en las delegaciones del Patronato de Liberados. En cambio, por falta de pruebas, Tatarsky absolvió al comisario Pablo Carlos Miceli, de la Policía Científica platense, que había llegado a juicio imputado de falso testimonio y encubrimiento agravado. Los tres policías estaban acusados de falsear el informe de la autopsia realizada a Castello (62) y de haber mentido en sus declaraciones con la intención de proteger y dar impunidad a otros agentes de esa fuerza que podrían haber participado del asesinato del ecologista.
El fiscal del juicio, Daniel Ichazo, había solicitado una condena de dos años y ocho meses de cárcel para Álvarez Ceballos, y de dos años de prisión para Sabules y Miceli. Durante el juicio oral y público, que se realizó esta semana en los tribunales locales, Ichazo también pidió que se imputara el delito de falso testimonio a la ayudante fiscal de Lobos, Gisela Dupraz, por haber testificado que Álvarez Ceballos había estado en el procedimiento policial que se cumplió en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de Castello, cuando el médico policial no estuvo allí.
La causa estuvo caratulada como suicidio durante casi dos años, hasta que se determinó que el ecologista había sido víctima de un asesinato y las sospechas recayeron sobre miembros de la fuerza, en una causa paralela que instruye el fiscal platense Hugo Tesón.
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