Los familiares de Lucas Kevin Lin, el nene de 5 años que el 5 de febrero se ahogó en la pileta de la colonia de vacaciones del Lincoln planean pedir al gobierno chino que interceda ante el argentino, para “apurar a la Justicia platense” en la toma de algunas medidas que consideran clave, como la “detención de los responsables” o la inhibición general de bienes de los responsables del colegio, entre otras.

Más allá de las probabilidades de éxito que puedan tener estas gestiones, en las últimas horas recibieron un revés judicial con el rechazo a varios de esos planteos.

Según supo este diario, el juez de garantías Eduardo Silva Pelossi coincidió con la fiscal Cecilia Corfield en rechazar el pedido de inhibición general de bienes de la persona jurídica que es titular del Colegio Lincoln porque “podría redundar en un menoscabo del funcionamiento de la institución con su correspondiente perjuicio sobre los educandos”. Y denegó también el reclamo de inmovilizar los bienes de quienes integran esa sociedad por considerar que, por ahora, “las alegadas maniobras tendientes a una eventual insolvencia sólo se basan en meras especulaciones”.

Es que los abogados del particular damnificado, Andrea Reynoso y Matías Pietra Sanz, habían fundado sus pedidos en que Rubén Monreal (dueño del colegio); Rosana Costa (asesora organizacional del predio); Mónica Cauteruccio (accionista) y Osvaldo Ramos (director de la colonia) “están imputados y es de público y notorio conocimiento el obrar malicioso que aquellos habrían desplegado desde que ocurrió” el hecho.

Con el mismo argumento plantearon que “no sería alocado especular, siempre teniendo en cuenta los pensamientos e ideas temerarias y pecuniarias que los caracteriza, que presenten un concurso preventivo o directamente una quiebra a efectos de declararse insolvente al momento del reclamo civil por la muerte” de Lucas.

La fiscal entendió que todas esas medidas eran “excesivas”, igual que la prohibición de salida del país, algo en lo que también coincidió el juez: “(Corfield) ha imputado a los nombrados bajo diversos tipos delictivos” y “no ha requerido medida de coerción alguna a su respecto”, justificó.

No obstante, Silva Pelossi aclaró que estas resoluciones podrían reevaluarse tras las indagatorias previstas para los próximos días. Y, en lo que respecta a la clausura del campo de deportes, “teniendo en cuenta que la fiscal imputó por falsedad ideológica a los funcionarios municipales que habilitaron al predio”, dispuso que “se remita al organismo de contralor competente”.

La fiscal Cecilia Corfield imputó a los cuatro directivos del colegio por “homicidio culposo” y citó a indagatorias a Costa y a Ramos para el 11 y 15 de julio, respectivamente. La defensa de Costa pidió que se postergue la audiencia de hoy por la violenta entradera que sufrió el lunes pasado (ver página 19).