Calvario por un trámite interminable para que le reconozcan los servicios

El caso de un argentino, que vive y trabaja en Italia desde de 1985, y con 65 años tiene desde hace tres años la intención de jubilarse, da cuenta del laberinto plagado de vericuetos al que puede llegar a someterse una persona que necesita obtener un reconocimiento de servicios en la provincia de Buenos Aires. En junio de 2016 se inició este trámite en particular y todavía, por circunstancias que el Instituto de Previsión Social asegura que son ajenas al organismo, el hombre sigue dando vueltas con el papeleo sin que se resuelva su beneficio. El problema es que por las trabas que encuentra el expediente en este país no logra acogerse al retiro en la nación europea y mientras tanto está obligado a vivir de la seguridad social italiana.

Alberto Pedro Di Santo, que había sido empleado tanto del Estado nacional como del bonaerense antes de radicarse definitivamente en Italia (donde trabajó, además, más de 20 años) al llegar a la edad jubilatoria inició el trámite para retirarse de la actividad en el Instituto Nazionale di Previdenza Sociale (la administradora de seguridad social italiana). En ese organismo debía certificar también, junto con los aportes efectuados en Italia, la información sobre su trayectoria laboral en la Argentina. Empezó entonces un intrincado camino de idas y vueltas, cuando desde el ente extranjero derivaron el trámite a la Anses y al IPS: el expediente pasó desde 2016 hasta ahora por la Fiscalía de Estado, el Departamento de Resoluciones, Secretaría de Actas, Departamento de Notificaciones, Departamento de Inclusiones, y el área de Archivo de Beneficiarios.

“Pasó por 16 oficinas o etapas, dado que por la misma oficina llegó a pasar hasta tres veces”, aseguró un allegado de Di Santo que va siguiendo la gestión y que, remarcó, “todo por 26 meses trabajados en la provincia de Buenos Aires”.

Voceros del IPS que fueron consultados por este diario a raíz de este caso señalaron que el expediente no está en manos del organismo que otorga las jubilaciones, sino de la Auditoría General de Gobierno.