Se les acabó el cuento de otorgar licencias truchas a los docentes

Una organización delictiva que expedía certificados médicos apócrifos para que docentes y auxiliares de la educación pudieran pedir licencias en escuelas de Lanús fue desbaratada en las últimas horas, luego de 35 allanamientos realizados por efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en diferentes localidades del sur del conurbano.

Voceros policiales precisaron que los investigadores calculan que sólo el año pasado la defraudación contra el Estado superó los 10 millones de pesos.

La investigación comenzó meses atrás cuando personal de la Dirección General de Escuelas y Educación detectó y denunció, tras implementar un nuevo sistema de licencias médicas en 2018, diferentes irregularidades en el otorgamiento de carpetas por enfermedad.

En ese momento, se radicó una denuncia en la UFIJ N° 16 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso que se iniciara una investigación penal para dar con los responsables de la maniobra.

Los operativos estuvieron a cargo de numerarios de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, pertenecientes a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, en esta causa donde hay 28 personas procesadas, entre ellos una empleada del Consejo Escolar del Distrito Lanús.

Según lo que determinaron las pesquisas policiales y judiciales, los integrantes del grupo delictivo expedían los certificados con falsos sellos y firmas de distintos profesionales que requerían el otorgamiento de licencias de como mínimo 30 días.

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Asimismo, luego se comprobó que mediante esta maniobra fueron concedidas más de 40 carpetas, lo que generó un perjuicio patrimonial a la Administración Publica Provincial, ya que se abonaron dichas licencias y los sueldos de los docentes o auxiliares designados para cubrir esos puestos.

Por ello, en las últimas horas se llevaron a cabo 35 allanamientos en el Consejo Escolar de Lanús y diferentes localidades de este distrito y en los partidos de Quilmes, Avellaneda y San Vicente.

Entre los elementos secuestrados se destacan 25 celulares, comprobantes y ordenes médicas, recetarios, 80 certificados médicos, planillas de licencias, 17 constancias de atención y reposo, historial laboral y licencias tomadas, certificados de junta médica y varios talonarios con membrete del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y sellos varios de los profesionales apócrifos.

En la causa también interviene el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, del Departamento Judicial La Plata.