Se metieron en la planta de la VTV de Berisso y se llevaron 1.800 obleas

Interrumpieron el suministro eléctrico, cortaron algunos cables y después se sentaron a esperar a que la batería de la alarma se quedase sin carga suficiente con la que operar en forma correcta. Para un especialista, el “trabajo” fue realizado por “gente que tenía bastante idea de cómo funciona el sistema para evitar que la señal de ‘stop’ se transmitiera a la central”.

Una vez que lograron su cometid ingresaron en el galpón, revisaron cajones y oficinas, tomaron lo que estaban buscando y huyeron. El robo fue descubierto un día después, el lunes 22 de julio, cuando el ingeniero encargado de la planta de Verificación Técnica Vehicular que funciona en Río de Janeiro entre Carlos Gardel y la Rotonda Favaloro, de Berisso, llegó por la mañana.

El trasfondo del hecho tiene varias aristas, dos de ellas salientes: el mercado negro en actividad que motivó el atraco; y el grado de profesionalismo de los delincuentes que lo llevaron adelante, puesto que además de vulnerar la alarma, el lugar se encuentra en un sector transitado.

POR LA PUERTA PRINCIPAL

Para Horacio (46), el Jefe de Planta, los responsables de dar el golpe debieron actuar “en algún momento del domingo o la noche del sábado”. Ese día, el espacio de revisión mecánica “cerró a las 12 del mediodía y no volvió a tener gente hasta el lunes a las 7.30” de la mañana, detalló.

“Llegué y estaba la puerta que da a la calle abierta -la habían forzado- y adentro, en el edificio, todo desordenado”, señaló en diálogo con EL DIA.

Se presume que primero fueron a la planta alta, donde “tiraron todo” en busca de un botín particular. Es que, según refirió Horacio en varias oportunidades, “vinieron a robar obleas”. En total, sustrajeron 1800.

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Por otro lado, el encargado añadió que también “quisieron abrir la caja fuerte del primer piso, pero al final no pudieron”.

Sin embargo, fuentes oficiales revelaron a este medio que los ladrones lograron hurtar la suma de 4 mil pesos.

De acuerdo a lo referido por los damnificados, ningún vecino de la zona logró advertir la maniobra. A ese respecto, Horacio manifestó que “ tenemos, a cada lado, una estación de servicio abandonada y una casa de fiestas, así que es difícil que alguien haya escuchado algo”.

MERCADO NEGRO Y DOS PROBLEMAS

La “ley de la oferta y la demanda” es definida como “el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado”, es decir, la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto con un precio determinado”.

Esa relación es la que permite que existan “plazas” donde encontrar artículos de procedencia, cuanto menos, dudosa.

“El comercio ilegal de obleas es terrible”, aseveró Horacio. Hay un mercado negro que funciona, en mayor medida, por medio de internet. Promocionan sus servicios por las redes sociales y ofrecen la calcomanía de la VTV por unos 2.500 o 3.000 pesos.

La compra promete la realización -y aprobación- del trámite sin la necesidad de presentarse en la planta y sea cual fuera el estado del vehículo.

Luego de tomar conocimiento del hecho, Horacio declaró que “desde acá denunciamos el número que tiene cada oblea y automáticamente se la da de baja”. “De todas maneras”, agregó, “siempre hay alguien que las termina comprando”.

No obstante, de ser detenida por las autoridades, la persona que adquirió el comprobante robado deberá hacerle frente a un problema doble.

En principio, “al agente le va a saltar que el número de esa oblea fue anulada por algún tipo de irregularidad”, explicó. Tras confirmar esa anomalía, la infracción toma otro cariz.

“El primer tema es que la oblea, al ser trucha, te invalida el trámite de la VTV. Y después tenés otro problema, que es el de falsificación de documentos públicos”, aclaró Horacio.

El artículo 292 del Código Penal especifica que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”. Y continúa: “Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años”.