El episodio registrado en las últimas horas en La Plata, en el que un grupo de padres de alumnos del Normal 1 que viajaban a Rosario pidió que a los choferes del ómnibus se les realizara el correspondiente control de alcohol y drogas, con el resultado de que el test efectuado dio positivo en consumo de cocaína para uno de ellos, implica, por lo pronto, una constatación objetiva que no hace más que acentuar preocupaciones y que obliga a subrayar la necesidad de que la supervisión en la materia sea permanente y severa.

Tal como se informó ayer en la nota publicada en este diario, mientras se ultimaban detalles y el micro estaba dispuesto a partir para llevar a decenas de alumnos en viaje de excursión a Rosario, los padres decidieron pedir el control de sustancias sobre los choferes, por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La desagradable sorpresa para los padres y los propios alumnos fue que, al realizarse el muestreo, dio positivo en consumo de cocaína por parte de uno de los dos conductores. La situación provocó un fuerte malestar entre los presentes. Tras contactarse con la empresa, luego de dos horas enviaron otro chofer en su reemplazo y el colectivo pudo partir

Sólo por reseñar alguno de los numerosos antecedentes en la materia, puede recordarse el caso ocurrido en diciembre de 2017 cuando la CNRT decidió, en un solo día, la retención de dieciséis vehículos que llevaban pasajeros en infracción a las normas legales y que fueron sancionados a partir de operativos realizados durante un fin de semana largo. En esa ocasión, el mal estado que presentaban los choferes -algunos de ellos, incluso, carecían de licencia profesional- fue una de las causas, además de haberse detectado serias deficiencias mecánicas en las unidades.

Estas situaciones, lamentablemente, se reiteran. En los últimos sondeos realizados se había establecido que más del 60 por ciento de los micros de larga distancia controlados en distintas estaciones terminales por inspectores del ministerio de Trabajo de la Nación presentaban alguna infracción, en su mayoría, por excesos de la jornada laboral de los conductores. A muchos de ellos no se les habían otorgado los francos correspondientes y un elevado número tenía su libreta de trabajo en condiciones irregulares.

Desde luego que el nivel promedio de infracciones detectadas habla de una estrecha vinculación con la seguridad vial y los accidentes. A su vez, desde el plano de las precarias condiciones en algunos choferes de ómnibus realizan su tarea, la situación sigue siendo extremadamente preocupante.

Visto lo ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad, lo que se reclama, entonces, es que el Estado no se limite a actuar por reacción, sólo cuando se producen grandes tragedias en las rutas o efectuando controles masivos únicamente en períodos de mayor movimiento turístico.

Como se ha dicho en otras oportunidades desde esta columna, la política a seguir debe ser, en cambio, continuada, sin pausas, ordenando especialmente a las empresas que se dedican al transporte de pasajeros para que, entre otras previsiones que deben adoptar, cuentan con choferes profesionales que cumplan en forma responsable con las reglamentaciones y se encuentren en perfectas condiciones. En caso contrario, que se apliquen las sanciones administrativas y, eventualmente, judiciales más graves, sobre todo a quienes se resisten -ya sean directivos o los propios choferes- a respetar normas que buscan preservar la vida, la integridad física y los bienes de miles de personas.