Vidal no tiene fondos para anunciar el paquete de medidas de la Provincia

En la intimidad de su despacho, María Eugenia Vidal se muestra enojada. Con el Presidente, con Marcos Peña, con ciertos dirigentes de su tropa propia. Coletazos emocionales del domingo negro de las Primarias, casi una sentencia del fin del sueño reeleccionista. Ella nunca evidenciará esto en público, acorde a una suerte de código de buenas formas que es ley en el oficialismo. Pero desde hace días, la gobernadora también está que trina porque no podrá, como imaginó después del resultado fatal, ofrecer medidas paliativas a los bonaerenses, al estilo de lo que Mauricio Macri anunció a nivel nacional.

Para decirlo claramente: Vidal no tiene plata para anunciar bonos salariales “extraordinarios” a los estatales (Macri otorgó uno de $ 5.000); o medidas que hagan rendir mejor el sueldo de los bonaerenses en general; o decisiones de impacto con objetivos electorales.

En términos fiscales, Buenos Aires es una de las provincias que más sentirá el impacto de las rebajas de impuestos nacionales coparticipables -quita de IVA a alimentos de la canasta básica, aumento de los mínimos no imponibles de Ganancias, devolución de de parte de este impuesto, cambios en el Monotibuto, etc-, que comunicó la Casa Rosada.

Por cuestiones obvias, Vidal no puede hacer lo que hicieron su colegas peronistas: sobreactuar el impacto fiscal de esas medidas en el interior, presentando un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional la herramienta del Decretro de Necesidad y Urgencia (DNU) que utilizó Macri para apurar las mismas.

Pero para Buenos Aires, el costo fiscal en cuestión, es decir lo que dejará de recibir por el recorte del reparto que suponen los beneficios para los ciudadanos, sería de entre 4.000 y 4.500 millones de pesos. El dato no es oficial pero es reconocido intramuros.

El recién asumido ministro de Economía vidalista, Damián Bonari, no podría afrontar, además, el costo propio que significaría recortar más pesos de los ingresos provinciales con medidas paliativas de las consecuencias inflacionarias de la última devaluación para el sector público provincial y la clase media baja bonaerense.

LE PUEDE INTERESAR

La Ciudad obligada a preservar y acrecer su arbolado público

LE PUEDE INTERESAR

Las voces olvidadas de Venezuela

En Balcarce 50 se explica oficiosamente que Vidal no debería quejarse mucho porque gran parte del universo de ciudadanos beneficiados con la quita de IVA a alimentos o las mejoras a monotributistas, residen en el populoso Conurbano bonaerense, esquivo electoralmente al macrismo. Es el punto débil de la gobernadora en las urnas y, claro, del propio Macri.

Para colmo, si de desembolsos a futuro se trata, en su momento Vidal cerró un esquema de paritaria con la mayoría de los gremios estatales que obliga a actualizar los salarios en base al índice oficial de inflación. Que, como es de público conocimiento, mostrará en agosto y setiembre una tendencia alcista por la última devaluación del peso.

Los ministros de Vidal discuten con los sindicatos para que se respete la revisión trimestral de la incidencia de la inflación en el salario de los agentes estatales y no que, como pretenden ahora los gremios que firmaron los acuerdos hace meses, se revisen mensualmente.

Como sea, actualización por inflacion tambien requerirá más dinero del que estaba previsto porque cuando se cerraron las paritarias la proyección de inflación que manejaba el gobierno bonaerense contemplaba una tendencia a la baja, tal como efectivamente venía sucediendo hasta el resultado adverso para el Gobierno de las Primarias del 11 de agosto pasado. Y no queda claro si el crecimiento de la recaudación propia de la Provincia, siempre tambaleante en épocas de crisis, acompañará el alza del costo de vida.

Aparentemente, Vidal sólo puede recostarse en la Agencia de Recaudación bonaerense y en el Banco Provincia para dar alguna buena noticia en materia económica o de consumo.

Ayer, por ejemplo, fue publicado el decreto 1145 que establece, por 90 días, un régimen de regularización, refinanciación y bonificación de intereses para aquellas PyMEs que se encuentren inscriptas en el Registro de Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia y que tengan deudas exigibles originadas en sanciones por infracciones laborales y de seguridad e higiene.

Se supone, además, que la muy laxa caja del banco provincial tendrá un lugar importante a la hora de acercar beneficios extraordinarios destinados a los empleados públicos y la clase media en general, como ya sucede con los descuentos del 50% en supermercados un par de veces por mes. Nada se sabía hasta anoche de algún tipo de medida destinada a los jubilados que cobran a través del Instituto de Previsión Social (IPS).