La “guerra fría” que se libra en la Justicia

La bomba explotó durante los primeros días de julio en un encuentro de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires. Fue en la ciudad de Campana donde el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari, habló de un panorama “sombrío” y “deplorable” en la Justicia provincial. El hecho no se puede entender como la primera ni la última escaramuza entre poderes, aunque sí la de mayor repercusión. Es que hoy, en la Provincia parece estar librándose una disputa no tan velada entre un sector que dice estar dispuesto a cambiar viejas y enquistadas costumbres de ciertos elementos del Poder Judicial (recuerdan los casos del ex juez César Melazo y del suspendido juez de Casación Penal, Martín Ordoqui), contra otro sector que argumenta que Cambiemos llegó para “colonizar” la Justicia bonaerense, hasta con la designación en la Suprema Corte de un magistrado federal que -afirman- no tenía domicilio en la Provincia.

De Lázzari había aludido en su discurso a procedimientos judiciales que incluyen “causas armadas artificialmente”, en las cuales, a su juicio, actúan “influyentes de todo tipo, espías y traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público Fiscal”.

Se refirió a lo que definió como “el abuso del proceso judicial penal”, y entre las fallas enumeró: “la proliferación de testigos de identidad reservada; de arrepentidos; de factores de presión que, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, inducen a dictar condenas mediáticas”. Dijo también que ese tipo de situaciones “empezó a percibirse con mayor nitidez en el fuero federal”, pero que ya muestra “síntomas” en el ámbito bonaerense, que debe ser enfrentado “con la ley y el derecho”.

BOMBA NEUTRÓNICA

Puesto de esta manera el sólo hecho de que el titular del máximo tribunal de la Provincia se exprese en esos términos suena a la explosión de una bomba neutrónica en el seno del poder. El problema es que sus palabras parecen ser apenas la punta de un iceberg en el que se entremezclan en un lodo poco gratificante, jueces, fiscales, barras bravas de fútbol, agentes de inteligencia, sindicalistas, empresarios y por supuesto, políticos.

Rápidamente Cristina Kirchner reprodujo en redes sociales las afirmaciones del magistrado. Es que el panorama pintado por De Lázzari parecía ajustarse como anillo al dedo al relato de persecuciones de las que se siente víctima la expresidenta. Pero, tal vez, (sólo tal vez) aquellas palabras del titular de la Corte tenían otra intención.

Las apreciaciones de De Lázzari, en los hechos, tuvieron al menos dos consecuencias. La primera, que la gobernadora María Eugenia Vidal le pidiera al procurador de la Corte, Julio Conte Grand arbitrar los medios para que De Lázzari aportara por escrito las pruebas para investigar los hechos por él denunciados.

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La segunda fue el ingreso en las oficinas de la Corte de un escrito de 20 carillas más un dossier documental, entregado por el juez penal de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale en el que denuncia una “crisis de gravedad institucional” en la Justicia bonaerense.

El jueves anterior al inicio de la feria judicial hubo una sesión de acuerdo de la Corte. Asistieron todos los miembros, además del procurador Conte Grand. Sólo trascendió que De Lázzari recibió el escrito en el que los instan a dar detalles de la denuncia lanzada en Campana y que el propio presidente de la Corte instruyó al procurador para que se investiguen las anomalías denunciadas por Vitale.

Dicho así, podría colegirse que en los siempre silenciosos pasillos del primer piso de los tribunales de 13 y 47 corren tiempos de tensa calma. “Habrá que esperar que responde De Lázzari y cuál es el resultado de la investigación de los fiscales”, dice un informante. “Esto es como la guerra fría. En la superficie no pasa nada, pero todos saben que los misiles están listos en los dos bandos”, grafica.

Vitale fue el juez original de la causa de los barras de Independiente que involucra a “Bebote” Álvarez y a Pablo Moyano, entre otros personajes. Tras dictar una serie de procesamientos, se declaró “incompetente” y la causa, finalmente, recayó en el juzgado de Luis Carzoglio, quien tras un notorio y mediático enfrentamiento con los fiscales y con el procurador Conte Grand, fue separado de su cargo a la espera de un jury de enjuiciamiento acusado de irregularidades varias.

Vitale, a su vez, tiene dos denuncias penales en su contra y una investigación que se tramita ante la Corte por una supuesta falta disciplinaria grave.

De Lázzari, que según Vitale, fue el receptor de la denuncia de “gravedad institucional”, era conocedor de estos entretelones aun antes de hablar en Campana ante la Red de Magistrados.

EXCUSACIÓN EN MASA

Lomas de Zamora es el distrito judicial más complicado de la provincia de Buenos Aires. No hay otro que logre equiparlo en cantidad de causas penales.

En Lomas de Zamora, por ejemplo, se tramita la quiebra de la empresa de transportes. Expreso Lomas. Uno de sus dueños aparece imputado por el juez Claudio Bonadio en una causa conexa a la de los famosos cuadernos del remisero Centeno. Existe la sospecha de que esa quiebra fue fraudulenta. Incluso, la diputada Lilita Carrió se refirió extensamente al tema, luego de que 15 micros del Expreso Lomas fueran incendiados, se supone, intencionalmente.

La quiebra la decretó la jueza María Zulema Vila a la que dos fiscales de Lomas de Zamora acusaron de asociación ilícita, estafa, fraude procesal, abuso de autoridad, entre otros cargos, por los que pidió que la magistrada sea citada a indagatoria.

El escándalo derivado fue tan grande que los jueces civiles y comerciales de Lomas de Zamora en bloque, presentaron un escrito en julio del año pasado en el que en masa se excusaron de intervenir en la causa. Ese es uno de los argumentos utilizados por Vitale para justificar lo que entiende como una “crisis de gravedad institucional”.

La “madre de todas las batallas”, sin embargo, pareciera ser la causa de los barras de Independiente que involucra a Bebote Álvarez y Pablo Moyano.

Ahí es donde, según las infidencias, aparecerían los agentes de inteligencia, la profusión de arrepentidos y de traficantes de escuchas telefónicas, entre otras de las menudencias denunciadas por el presidente de la Corte.

Los que tuvieron acceso a la denuncia de Vitale (por ahora vedada a la prensa) afirman que las “presiones” a las que hace referencia el juez provienen de los fiscales de Lomas de Zamora que trabajan bajo las órdenes de Conte Grand. Una versión, hasta el momento no desmentida, habla de la aparición de al menos dos agentes de inteligencia en el despacho del magistrado prometiendo elementos de prueba suficientes como para ordenar la detención de Pablo Moyano en la causa de los barras de Independiente. Siempre según lo relatado por esas fuentes, al hacerse de esas pruebas el juez dictó una serie de procesamientos, rechazó el pedido de detención de Moyano y se excusó en la causa, que pasó a manos de Carzoglio. Ese procedimiento, según la otra versión de la historia, estuvo plagado de irregularidades que motivaron la apertura de causas contra el juez.

En el medio hubo al menos una reunión en los cuarteles centrales de la AFI a la que asistió Vitale y de la que habrían participado los máximos referentes de la agencia de inteligencia, entre otros asistentes y en la que, según versiones, la probable detención de Pablo Moyano habría sido tema central.

Además de desmentir toda presión hacia la Justicia para forzar la detención del hijo del poderoso Hugo Moyano, un alto funcionario judicial se preguntó ante EL DÍA: ¿Cómo explica un juez de la Provincia haberse reunido con el jefe de los espías?”. El juez, consultado por EL DIA, dijo haber sido “invitado” a concurrir.

Nadie sabe muy bien por cual round va hoy la pelea. Lo que nadie duda es que el resultado de las PASO del próximo domingo puede acelerar los tiempos. Habrá que ver, entonces, quien es el que, finalmente, se queda con el pie sobre el pedal del acelerador.