Los Hornos, Villa Elvira, City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Abasto, Lisandro Olmos, José Hernández y La Granja son los nombres de apenas algunas de las localidades y barriadas de la Región que, desde hace tiempo, pero más precisamente desde comienzos de este año, sufren sistemáticamente de tomas y usurpaciones de terrenos, tanto privados como fiscales.
No es esta la primera vez que, desde esta columna, se advierte sobre una problemática recurrente y a la que no encuentra solución ni siquiera por la vía judicial.
Lo ocurrido horas atrás en la zona de Altos de San Lorenzo, donde durante el intento de usurpación de un terreno en 90, entre 16 y 19, hubo disparos de armas de fuego y la Policía tuvo que recurrir a la utilización de municiones de goma para repeler los ataques, habla a las claras de la violencia de las situaciones planteadas. Y aunque en ese caso, la ocupación ilegal del terreno fue repelida, durante la madrugada los usurpadores volvieron a la carga, logrando ingresar en los terrenos, que hasta anoche se mantenían ocupados.
Son también reiterados los testimonios de los vecinos que hablan del trabajo de una supuestas organizaciones dedicadas a la localización de terrenos para ser usurpados.
También desde estas páginas se advirtió en varias oportunidades del trabajo de personajes que, llamativamente, ni la Policía ni la Justicia logran identificar, que serían los responsables de hacer las tareas de “inteligencia” en los barrios de la periferia para localizar las parcelas dignas de ser ocupadas.
No fueron pocas las veces que estas prácticas reñidas con la legalidad, además, fueron relacionadas con el accionar de punteros políticos que llegarían desde el Conurbano y que pese a todas las advertencias, tampoco lograron ser individualizados.
No faltan tampoco los testimonios de los propios usurpadores que reconocen haber sido llevados por estos mismos punteros hasta los lugares ocupados donde tienen acceso a un terreno precariamente demarcado y por el que tienen que efectuar algún tipo de pago a los organizadores de tales acciones.
A su vez, si la víctima de la usurpación resulta ser un privado, difícilmente la Justicia aparezca dispuesta a actuar con premura para garantizar el derecho de la propiedad privada. Se llega hablar de un plazo de hasta 15 años como el que media entre la denuncia de una usurpación y la orden de desalojo efectiva.
Queda claro, finalmente, que sin dejar de desconocer la compleja y dolorosa situación social, en la que los índices de pobreza, exclusión y desempleo hace rato que dejaron de ofrecer cifras positivas, nada justifica la impunidad en la que aparecen amparados los responsables de las usurpaciones.
El Estado, en todos sus niveles, se mantiene en deuda y no encuentra soluciones acordes con la gravedad del momento.
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