Comienza el juicio al intendente de Paraná acusado de financiar al narcotráfico

El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), será juzgado desde este jueves en el marco de dos causas unificadas por el supuesto financiamiento a bandas dedicadas al narcotráfico y que tiene detenidos a un concejal y a otros funcionarios del municipio, informaron hoy fuentes judiciales.

El debate oral que comenzará este jueves tendrá 34 imputados y más de 100 testigos, entre ellos funcionarios locales, quienes se presentarán ese día, el viernes 20 de septiembre y los siguientes lunes y martes en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de la capital entrerriana, integrado por los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, decidió unificar los expedientes ya que en ambos se "investigan infracciones a la ley de drogas por parte de una misma organización delictiva".

El intendente fue imputado porque presuntamente hizo "un acuerdo en septiembre de 2017" con Daniel "Tavi" Celis, acusado de ser el líder de la banda, donde Varisco (59) "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar el comercio de estupefacientes".

Para el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, Celis junto a Varisco, "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada".

La banda se encargaba de la "financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra" de esa droga en Paraná y Concordia, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En una conferencia de prensa, el intendente aseguró estar "con mucha tranquilidad, porque la verdad será descubierta y muchos tendrán que pedir perdón".

"No hay ninguna certeza, ningún indicio cierto, respecto de una participación mía en algún acto delictivo", afirmó Varisco.

La Justicia dictó un embargo de millón de pesos sobre los bienes de Varisco para mantener su excarcelación y dispuso que "se mantenga en libertad ya que ejerce el cargo de presidente municipal".

También se le prohibió salir del país y debe presentarse todos los viernes en el juzgado e informar si tuviera que ausentarse de su domicilio por más de tres días.

La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando la Policía Federal Argentina (PFA) sorprendió a la banda mientras descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad entrerriana de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná.

Tras la detención de más de 20 personas, se allanó la celda donde "Tavi" Celis cumple condena por robo y se lo acusó de comandar la organización narco aprovechando sus contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona.

A comienzos de mayo de 2018, en el marco del mismo expediente, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura y domicilios vinculados al intendente, diligencias en las que se obtuvieron elementos que se sumaron a la causa y derivaron en los procesamientos.

Un mes más tarde, el juez Ríos, ordenó la prisión preventiva al concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y a la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira.

Hernández continúa alojado en la Unidad Penal 6, mientras que Bordeira en la cárcel de mujeres.

Además, en febrero de este año, Ríos procesó a Varisco, Hernández y Bordeira, por "financiamiento, comercialización y adquisición de estupefacientes".

Varisco figura como "financiador y adquiriente" de la droga, Hernández como "adquiriente colaborador" y Bordeira como "adquiriente colaboradora".

Procesado, Varisco buscó mantener la intendencia y se presentó en las elecciones provinciales y si bien superó las internas, en las generales del 9 de junio pasado quedó en segundo lugar, a más de 10 puntos del candidato peronista y vicegobernador, Adán Bahl.

Por otro lado, el ex diputado nacional espera la fecha de inicio del juicio junto a su pareja, la concejal Claudia Acevedo, acusados de tener una conexión clandestina de electricidad en su vivienda.

También, en febrero de 2020 enfrentará otro juicio por "defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

Se lo acusa de intentar hacer un giro de 1,5 millones de pesos a la "Mutual Modelo", a pocos días de asumir su mandato.