Bonadio envió a juicio oral a Cristina y a más de 50 ex funcionarios y empresarios

El juez federal Claudio Bonadio envió ayer a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa.

En el mismo fallo, Bonadio dispuso el sobreseimiento de los dirigentes políticos que están o estuvieron vinculados a la organización La Cámpora, como Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez en relación con el delito de asociación ilícita.

Así lo dispuso a través de una resolución difundida ayer, en la que, además, insistió con su pedido de desafuero de la senadora y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, “con el fin de cumplir con la prisión preventiva” dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia.

De esta forma, el magistrado resolvió la finalización de la etapa de instrucción de este expediente que ahora será enviado al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que salió designado por sorteo para llevar adelante el debate que tendrá en el banquillo de los acusados a medio centenar de imputados, entre ex funcionarios y empresarios.

Se trata de la investigación de la denominada “causa de los cuadernos” que comenzó con la revelación de anotaciones escritas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, sindicado como presunto “intermediario” entre el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y empresarios, durante el kirchnerismo.

El juez Bonadio señaló en su resolución que en la causa de los Cuadernos se investigó una “asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde el año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

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Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por este expediente y dos de sus derivaciones, se cuentan el propio Baratta, hoy detenido, al igual que De Vido, como así también el ex secretario de Obras Públicas José López y Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) durante la gestión de gobierno del Frente para la Victoria.

En el tramo principal de la causa de los Cuadernos, la ex presidenta está procesada con prisión preventiva -aunque con esta última medida sin cumplir por gozar de fueros parlamentarios- como presunta responsable de los delitos de asociación ilícita, “en calidad de jefa”, y cohecho pasivo, en calidad de coautora.

De acuerdo al fallo de 157 páginas emitido ayer por Bonadio, debajo de la ex presidenta en la pirámide organizacional de la asociación ilícita se encontraban De Vido y Baratta, a quienes les fue asignado el rol de organizadores y a los que también se acusa por cohecho pasivo.

Entre los sindicados como organizadores de la asociación ilícita se encuentra el arrepentido ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner –quien se refirió a la “cartelización” de la obra pública- y el arrepentido financista Ernesto Clarens, quien aportó listados de las supuestas coimas recibidas de manos de empresarios.

La mayoría de los empresarios elevados a juicio fueron acusados de los delitos de cohecho activo, aunque uno de ellos figura en la resolución de Bonadio como miembro de la supuesta asociación ilícita: se trata de Gerardo Ferreyra quien se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria mientras aguarda que la Cámara Federal porteña resuelva su planteo de excarcelación.

Entre los empresarios acusados por el supuesto pago de coimas están Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Hugo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich y Hugo Dragnetti y Ángelo Calcaterra, entre otros.