En la Municipalidad de La Plata admiten que el crecimiento de la Ciudad “no ha sido en forma ordenada y con criterio” y, en gran medida, atribuyen esta situación a la “mala política” de gestiones anteriores.

Hace unos días este diario publicó un relevamiento de la UCALP que daba cuenta de 160 villas asentamiento en las que viven unas 132 mil personas. En la comuna manejan datos similares. El director de Tierras, Vivienda y Hábitat, Augusto Sciarretta, muestra en su despacho un plano en el que se identifican 120 asentamientos informales, mayormente en zona sur y oeste de la Ciudad, en el que viven 190 mil personas, muchos al lado de arroyos, sobre la restricción hidráulica.

Otro de los problemas que enfrenta su área, es la de los condominios indivisos (macizos no parcelados), es decir, “personas físicas o jurídicas que vendieron tierras sin indicadores urbanos a precios bajos aprovechando la necesidad de la gente”. Esos compradores, que ya están instalados, no accedieron a la escritura sino a un boleto de compra-venta o a un documento que les otorga solo un porcentaje de esa tierra.

Sciarretta dice que para regularizar este tipo de situaciones apelan a diferentes herramientas legales que buscan dar respuesta al grave problema habitacional que afecta a miles de vecinos. Una de ellas es la Ley 14.449 (Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires), que busca garantizar el derecho de todos los habitantes a tener un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan su integración.

Sciarretta explica que, en diciembre pasado, la municipalidad aprobó una ordenanza que permite poner en práctica esa ley aprobada en 2012 para regularizar la escrituración de cientos de familias de La Plata: “Esta norma permite que los privados hagan un acuerdo con el Estado por el cual la comuna les da los indicadores urbanísticos, ellos bajan la infraestructura y tienen que ceder alrededor del 30 por ciento de las tierras al municipio”. De este modo, la comuna obtiene nuevas tierras que destina a loteos sociales y relocaliza a las familias que están en situación de calle o asentadas al lado de los arroyos.

No obstante, explica Sciarretta, hay restricciones: esto es viable en zonas consideradas “reserva urbana”, aledañas al casco, “si son espacios rurales intensivos necesitamos que en las adyacencias haya un barrio residencial que nos permita extender los servicios”.

Por otra parte, Sciarretta explica que el municipio aplica la ley 10.830, de escrituración social gratuita, por la cual ya se entregaron 2.762 escrituras. Tambien la llamada Ley Pierri, por la que se gestionan escrituras para familias que carecen de este documento y que están asentadas en una misma vivienda desde hace 20 años.