Apartaron del cargo al juez Masi por un polémico fallo en favor de Scioli

La Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció por 90 días al juez de Garantías Juan Pablo Masi, cuyo nombre se suma así a los de otros seis funcionarios del Departamento Judicial La Plata que de 2016 a esta parte fueron desvinculados de sus cargos, por jury o suspensión. Uno de ellos está detenido y otro zafó de esa situación por sus fueros.

Sin la firma de los jueces Sergio Torres y Héctor Negri, el máximo tribunal dictó esa resolución por un informe que escribió la fiscal Cecilia Corfield en la causa que abrió en mayo pasado a partir de una denuncia que hizo el presidente de la Corte, Eduardo de Lázzari, por el sobreseimiento que Masi dictó hace 10 años en favor del ex gobernador Daniel Scioli, un ex funcionario de su administración y los familiares de éste.

Masi está acusado de “prevaricato” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados”. La jueza Marcela Garmendia envió a la Corte el resolutorio de Corfield y también el suyo, por el que ordenó a la fiscalía su remisión a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

“Se advierten serias irregularidades en el desempeño del doctor Masi”, se lee en el escrito de la Corte, “que trasuntan una importante afectación a la recta administración de Justicia”, por lo que solicitaron al fiscal Julio Conte Grand que evalúe el caso para saber si corresponde o no pedir el juicio político del titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata.

En la misma causa figura el ex Fiscal General Adjunto de La Plata, Gustavo Lambruschini, apuntado por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Actualmente este ex funcionario está jubilado del Poder Judicial.

La causa en disputa

La instrucción por la que se cuestiona el trabajo de Masi investigaba presuntas irregularidades cometidas en el ámbito del casino flotante de Buenos Aires y en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.

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Le imputan al juez haber intervenido en el expediente “pese a que la competencia correspondía a otro magistrado, con el objeto de sobreseer, de modo prematuro e injustificado, a Daniel Scioli, Luis Alberto Peluso y su entorno familiar”, explicaron fuentes oficiales.

“Chiche” Peluso era interventor del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense y quedó en la mira cuando se supo que su esposa figuraba como representante de apostadores millonarios en Las Vegas. Según trascendió en 2009 por la Comisión de Juego del estado de Nevada, la esposa de Peluso, Carmen Adelardi, fue formalmente recibida en la Reunión Anual del organismo en 2008, como agente independiente de los casinos Bellagio, Mandalay Bay Resort & Casino, MGM Grand Hotel/Casino y The Mirage de la ciudad de Las Vegas. Dicho de otro modo, habría velado por los intereses de jugadores argentinos y de la región que apuestan miles de millones de dólares, con la participación los casinos e intermediarios de la industria del juego.

En 2018, Peluso quedó de nuevo en la mira de una investigación judicial por sus dos aviones, tres cuentas bancarias, una casa en Miami, 14 cajas de seguridad, y operaciones financieras sospechosas. Fue en uno de esos aviones que Scioli viajó con su novia Gisela Berger a República Dominicana, en aquel incidente que mereció una amplia cobertura de los periodistas de la farándula.

Pero la maniobra que complicó a Masi es por el expediente del año 2009: “Se arrogó la competencia sobre la IPP (Instrucción Penal Preparatoria) en la que había prevenido (actuado previamente) la doctora Garmendia, argumentando que otra pesquisa similar en la que él estaba interviniendo revestía mayor gravedad y hacía necesarias ‘complejas investigaciones’”, explicaron los mismos voceros, “pero 13 días más tarde y sin que se dispusiese medida probatoria alguna, dictó el sobreseimiento”.

En su resolución, Corfield destaca: “Completa la maniobra a modo de ‘cosa juzgada’, pese al razonado y concienzudo recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma” por el fiscal “Jorge Paolini contra dicha resolución, un sujeto masculino que por entonces ejercía el cargo de fiscal general adjunto de la fiscalía general de La Plata, Gustavo Adolfo Lambruschini, en fecha 24 de septiembre de 2009, directamente ante los estrados del Juzgado de Garantías 4 (Masi), sin que los autos fueran elevados a la Cámara de Apelación y Garantías” y “sin esbozar mayores argumentos, desiste del recurso articulado por el fiscal de instancia, dotando de firmeza el sobreseimiento”.

Por todo esto, entiende la fiscal que “no puede más que considerarse como una resolución fraudulenta y por tanto resultará imperioso sea revisado en virtud de la doctrina de cosa juzgada írrita”. Dicho de otro modo, la causa contra Scioli, Peluso y su familia podría reabrirse.

En cuanto a Masi, el apartamiento no es definitivo y, de hecho, por tratarse de una licencia seguirá cobrando la totalidad del sueldo. En los próximos 90 días el procurador Conte Grand debe elevar un informe a la Corte para resolver si pedirá la suspensión definitiva del magistrado e iniciar así el proceso de juzgamiento político.

Desde 2016 hasta ahora, fueron apartados de sus cargos en el Departamento Judicial La Plata Luis Arias (ex juez destituido por jury en 2018); César Melazo (ex juez renunciante en medio de un jury y ahora detenido por la “megacausa); Fernando Cartasegna (fiscal renunciante en medio de un escándalo); Leandro Heredia (fiscal destituido en jury en 2017); Martín Ordoqui (suspendido juez de Casación y en proceso de jury); y Juan José Ruiz (juez suspendido y a jury por un fallo polémico).