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jorge castillo
Jorge Castillo, más conocido como “El rey de La Salada”, fue beneficiado con una prisión domiciliaria, por lo que volverá a vivir a la mansión del partido bonaerense de Luján donde fue detenido en 2017 tras balear a un policía, acusado de liderar organizaciones que explotaban ilegalmente los puestos de la feria de Lomas de Zamora.
El beneficio se lo otorgó la sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que hizo lugar a un planteo de la defensa de Castillo (62) y dispuso que fuera monitoreado con tobillera electrónica.
“La resolución de la Cámara muestra que al menos una de las imputaciones que tenía Castillo estaba basada en pruebas falsas y con testimoniales que fueron direccionadas por el fiscal (Sebastián Scalera) para perjudicarlo”, dijo su defensor, César Albarracín. El letrado confirmó que Castillo regresará a su mansión del barrio privado Haras Argentino, en Open Door, aunque resta que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) realice los informes técnicos en el lugar para poder instalar el sistema de monitoreo. Por eso sería trasladado la semana próxima.
Castillo está procesado por el juez Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. Pero además está acusado por el juez de Lomas de Zamora, Gustavo Craig, por “asociación ilítica” y “tentativa de homicidio”, por las heridas que sufrió el policía durante el procedimiento en su mansión, cuando hizo dos disparos a través de la mirilla de una puerta blindada. El juez dio por concluida la instrucción, por lo que Castillo ya estaría en condiciones de enfrentar un juicio con otros 33 acusados, entre ellos algunos de sus familiares.
Ahora, los camaristas Martín González, Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo consideraron, en base a dos peritajes incorporados a la causa, que “los disparos efectuados por Castillo desde el interior de la habitación no fueron dirigidos a los efectivos policiales” y agregaron que existía un “desconocimiento por parte del encausado del ingreso del personal policial” a su casa.
Por eso, consideraron que “disponer un arresto domiciliario con tobillera electrónica deviene ahora en una alternativa legítima y confiable”. Además, tuvieron en cuenta que Castillo supera los 60 años y “cuenta con un grupo familiar con capacidades de contención afectiva”.
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La causa al “Rey de la Salada” comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, y , según el expediente, los explotaban de manera ilegal, cobrando a los feriantes un cánon. Si no pagaban, había amenazas y golpes.
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