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La denuncia que un hombre radicó hace seis años contra quien entonces era su mujer cambió radicamente la vida de ella y también la de la hija que tienen en común, en ese momento de 5 años.
La acusó de abusar sexualmente de la niña, y aunque la causa fue archivada por falta de pruebas, la mujer no pudo volver a tener contacto con su hija porque la justicia civil no logra hacer cumplir las cautelares que dictó a favor de la revinculación familiar y en el fuero penal “no resuelven”, dijo a este diario la mujer, que se llama Mariela y es docente. Sus datos y los de su ex pareja se preservan en resguardo de la menor.
La denuncia penal fue radicada en diciembre de 2013 ante la UFI 1 de La Plata, cuando Mariela llevaba 14 años en pareja con el padre de la niña. Con esa presentación, el hombre “dio inicio a su macabro plan de impedir que su hija pudiera continuar bajo el contacto, cuidados y control nada más y nada menos que de su madre y abuela materna”, explicó el abogado que representa a la docente, Sebastián Medina.
Archivada la imputación penal, la jueza Graciela Inés Barcos, titular del Juzgado de Familia 3 de La Plata, concluyó que no existe “una causa concreta que impida la revinculación” de la madre con su hija “y que aquellos motivos que son esgrimidos por su progenitor no han podido ser probados (…) en sede penal”. También indicó que la conducta “obstructiva” del padre “ha llevado a no poder avanzar en los tratamientos señalados para lograr saber si dicha revinculación es posible” entre la madre y la nena.
Sin embargo, más allá de las idas y vueltas judiciales -hay tres causas en trámite en el Fuero Civil de Familia- Mariela sigue sin poder ver a la niña, que tiene ya 11 años y vive con su padre en Ensenada. Surge también de la sentencia que el hombre “no completó los tratamientos terapéuticos familiares”, ni “acudió a la cita con los profesionales”, lo que Barcos calificó como una “actitud obstructiva del progenitor” a lo largo de todo el proceso.
En su sentencia la jueza resalta que el “norte” es “velar por el Interés Superior” de la menor, sin pasar por alto que “uno de los deberes fundamentales que tiene el padre o la madre que se encuentra al cuidado del hijo es el de favorecer y estimular la libre comunicación del niño o niña con el otro progenitor no conviviente”, por lo que desestimó el pedido del padre de obtener el cuidado unipersonal de la menor. La jueza consideró que Mariela “es idónea para desempeñar los deberes y facultades referidos a la vida cotidiana” de la nena y el 26 de junio de 2017 estableció el “cuidado personal compartido con modalidad indistinta”, con la obligación para ambos padres de cumplir con la “terapia vincular dispuesta”. Como eso no se concretó, se radicó una denuncia por “desobediencia e impedimento de contacto” en la UFI 3, cuyo titular, Marcelo Martini elevó a la jueza de Garantías Florencia Butiérrez, que el 9 de mayo de 2019 declaró “inoperante el procedimiento” y remitió copia al Juzgado de Familia 3.
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Es decir, explicó el abogado, “desestimó la intervención del fuero penal cuando es el único que tiene el poder coactivo necesario para resolver este tipo de contiendas”. Apelada esa decisión, el caso está ahora en la Sala II de la Cámara de Apelaciones. “La justicia fue muy rápida para sacarme a mi hija, pero no lo es para que la recupere”, reflexionó Mariela.
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