WASHINGTON

El Departamento del Tesoro de EE UU anunció ayer sanciones contra siete diputados del Parlamento de Venezuela, entre ellos Luis Parra, un opositor autoproclamado jefe del Legislativo en paralelo a la reelección de Juan Guaidó a la cabeza del organismo. Según el Tesoro, los siete “funcionarios corruptos intentaron -a instancias de Maduro- bloquear el proceso democrático en Venezuela”.

Parra juró el 5 de enero como jefe de la unicameral Asamblea Nacional con apoyo del chavismo, una acción que el grueso de la oposición venezolana denunció como un “golpe de Estado parlamentario”, en un contexto en que más de 50 países liderados por EE UU no reconocen al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y consideran a Guaidó como mandatario interino.

La elección de Guaidó se produjo en medio del caos, luego de que agentes del Estado le impidieran entrar al Congreso y los diputados de la oposición tuvieron que votar en otro lugar.

Entonces Parra -un legislador opositor que rompió con Guaidó hace un mes tras ser salpicado por denuncias de corrupción- se autoproclamó como jefe del Parlamento, en una sesión sin quórum, en la que fue apoyado por el partido de Maduro.

OBSTRUCCIÓN AL PARLAMENTO

Parra fue acusado por el Tesoro de seguir intentando “obstruir” el funcionamiento del Parlamento. En Venezuela, el Congreso es el único poder en manos de la oposición, pero en sus filas hay divisiones y, además, unos treinta legisladores se exiliaron o refugiaron en sedes diplomáticas tras procesos judiciales contra ellos.

Guaidó y EE UU dicen que el gobierno de Maduro ofreció coimas a miembros de la Asamblea Nacional, con el fin de derrotar al líder opositor.

Los otros diputados sancionados son Franklyn Duarte y José Noriega, designados en la votación en la que Parra se autoproclamó como primer y segundo vicepresidente del Parlamento, y José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Negal Morales.

Parra y Brito están acusados de hacer lobby ante autoridades de Colombia y EE UU a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano para librarlo de responsabilidades en casos de presuntos sobreprecios en la importación de alimentos para el gobierno de Maduro. Tras las denuncias, ambos rompieron con Guaidó pero aseguran seguir estando contra Maduro.

Las sanciones impiden el acceso de los sancionados al sistema financiero de EE UU: se les congelan sus activos en este circuito financiero y se les prohibe hacer transacciones con ciudadanos de EE UU. (AFP)