El fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, que lleva adelante la instrucción de la causa por la masiva ocupación de terrenos en Guernica, manifestó su oposición al pedido del gobierno provincial de postergar el operativo policial de desalojo de la toma, que anoche fue concedido por el juez Martín Rizzo.

Para el fiscal, "muchos" de los ocupantes de las 100 hectáreas usurpadas en julo pasado en esa localidad del municipio de Presidente Perón, a unos 40 kilómetros de La Plata, "no van a irse en forma voluntaria ni ahora ni en 90 días". Por eso, el titular de la UFI 16 de La Plata planteó que el lanzamiento, como se denomina jurídicamente al desalojo de tierras, debe hacerse, a más tardar, antes del próximo lunes 5 de octubre y no a partir del jueves 15, como ordenó anoche el juez de Garantías Rizzo. 

La postura de Condomí Alcorta fue planteada en la audiencia virtual convocada por el magistrado para resolver el avance de la causa,  que se realizó ayer, a pocas horas de que deba comenzar el desalojo que se había ordenado para hoy, jueves 1º. Con esos argumentos, el fiscal platense respondió la postura de los ministros bonaerenses que participaron de esa audiencia y que pidieron al juez Rizzo postergar el operativo policial para continuar con las negociaciones para que las familias dejen voluntariamente el enorme predio, de unas 100 hectáreas.

Ayer, el Ministerio de Desarrollo para la Comunidad que conduce Andrés Larroque, quien integra la mesa interministerial junto a Julio Alak (Justicia) y Estela Díaz (Mujeres y Género), dijo que ya lograron que 300 familias dejen la toma, a partir de un trabajo que vienen haciendo con intendentes de distintos distritos del Gran Buenos Aires de donde esas personas son oriundas, para darle "soluciones habitacionales" y con el compromiso de que no habrá consecuencias penales por la usurpación a cambio de que levanten las casillas y abandonen los terrenos. 

Cerca del "Cuervo" Larroque dicen que en los próximos días podrían llegar a lograr que 600 familias acepten esa propuesta. En la toma, se estima, hay más de 2 mil familias. 

Pero para el fiscal Condomí Alcorta, que iba a encabezar hoy el operativo policial de desalojo que finalmente el juez Rizzo postergó para el 15 de octubre, "muchas de las personas que se encuentran en la toma no van a irse voluntariamente ni ahora ni dentro de 90 días".

El fiscal a cargo de la causa expuso ayer ante el juez Rizzo y pidió que se atienda la situación "de las cinco víctimas de las que nadie se ha acordado o acercado, que están siendo amenazados", en referencia a los propietarios de los terrenos. 

Por eso, dijo, se opone a que se sigan concediendo prórrogas al operativo de desalojo. ya que no sabe "si va a poder seguir garantizando la seguridad de esas víctimas".