Negocian con organizaciones de izquierda que aún resisten el desalojo en Guernica

Ministros y funcionarios de distintas áreas del gobierno bonaerense y representantes de las organizaciones sociales con presencia en la toma de tierras en Guernica, mantuvieron una extensa reunión en el marco de las negociaciones abiertas desde la Provincia para lograr la desocupación pacífica del predio, sobre el que pesa una orden de desalojo judicial.

El gobierno de Axel Kicillof logró el acuerdo de unas 600 familias que comenzaron a abandonar el predio y están siendo reubicadas en tierras fiscales de diversos municipios. Sin embargo, choca con la resistencia de organizaciones de izquierda que trabajan activamente en la toma.

“El gobierno hizo una propuesta a las organizaciones sociales de reubicar a las familias que permanecen en la toma y nosotros vamos a evaluar esa iniciativa entre mañana y el sábado en una reunión que mantendremos con los vecinos”, dijo la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia.

La dirigente dejó en claro que desde su sector “se trata de construir una salida pacífica, sin desalojo ni represión”, con la idea de que “las familias sean reubicadas” y, en ese sentido, adelantó que analizarán la propuesta del Gobierno.

En tanto, fuentes oficiales precisaron que la propuesta se presentó en el marco de un encuentro que se realizó en la carpa del ministerio de Desarrollo de la Comunidad que está instalada en el predio de Guernica.

De la reunión participaron el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Fpds Corriente Nacional-Guernica, Barrios de Pie, Frente de Organización en Lucha (FOL), y Frente Popular Dario Santillán, entre otras organizaciones. Estos sectores de izquierda sostienen la toma y exigen respuestas concretas al Ejecutivo provincial.

LE PUEDE INTERESAR

La oposición fue a visitar el predio y se armó una polémica

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia quiere transferir unas 24.000 pensiones por invalidez del IPS a la Nación

Incluso profundizan el reclamo con movilizaciones y protestas callejeras en abierto desafío al gobierno bonaerense.

Ayer, sin embargo, representantes de estas organizaciones se reunieron con funcionarios. La oferta de la Provincia, trascendió, consiste en plantear soluciones habitacionales y la posibilidad de acceder a lotes sociales con servicios.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, y estuvieron además el subsecretario de Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Pellegrini, y la subsecretaria de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Lucía Portos.

Tras la reunión, en la Provincia se mostraron optimistas con respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo por el cual las organizaciones acepten dejar la toma y desocupar finalmente el predio, como ya hicieron unas 600 familias de un total de 900 que habían arrancado la ocupación de los terrenos privados.

“Vamos a agotar todas las instancias a la espera de lograr una salida voluntaria, que es lo que siempre quisimos y siempre abiertos al diálogo”, expresó Larroque.

Según explicó, “el período de desalojo ya está rigiendo, el juez (Juan Martín Rizzo) estableció en la resolución que el plazo va desde el 15 al 30 de octubre, y eso se puede ejecutar en cualquier momento si la autoridad judicial lo propone”.

Por su parte, el fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa, junto a Juan Cruz Condomí Alcorta y Juan Pablo Stasi-, informó que aún “no hay fecha cierta del procedimiento”.

El desalojo del predio de 100 hectáreas ocupado desde julio pasado debía comenzar ayer por orden del juez de la causa, Martín Rizzo.

El operativo estaba previsto luego de dos pedidos de postergaciones por parte del Gobierno bonaerense, y con “el 80 por ciento de las familias ya reubicadas”, según informó el ministro de Desarrollo de la Comunidad.

Sin embargo, el gobierno convocó a una mesa de diálogo con las organizaciones sociales de izquierda que resisten dejar el predio para tratar de llegar a una salida pacífica, por lo que desestimó el operativo policial .

Las familias que ya abandonaron el predio firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o les proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas. A otros se los ayudó en el pago de alquiler.

Similar procedimiento se realizará con las familias que todavía quedan en el lugar, si aceptan retirarse pacíficamente, indicaron voceros oficiales.

Los terrenos reclamados por sus propietarios- unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia ante la justicia por parte de los dueños, el juez Rizzo ordenó abordar el desalojo que por ahora se mantiene frenado.